Operación XL526 desmantela red transnacional dedicada a estafas, extorsión y lavado de activos desde Santiago

SANTO DOMINGO, 2 junio.– El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, ejecutó la Operación XL526, una amplia intervención dirigida contra una organización criminal señalada de cometer estafas, extorsiones y chantajes contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, actividades con las que habría generado importantes recursos económicos posteriormente utilizados en operaciones de lavado de activos.

Como resultado de la operación fueron arrestadas 20 personas, entre ellas cinco presuntos cabecillas y varios integrantes de la estructura criminal. Las acciones incluyeron 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Santiago y Puerto Plata, coordinados por un equipo de 35 fiscales.

La operación contó con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, así como de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO).

De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba de manera estructurada desde República Dominicana, dedicándose a captar víctimas en territorio estadounidense para luego someterlas a esquemas de extorsión y fraude con el propósito de obtener dinero de forma ilícita.

Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos mediante estas actividades eran posteriormente transferidos, ocultados y canalizados a través de diversos mecanismos financieros con el objetivo de dificultar su rastreo y conferirles apariencia de legalidad.

Entre los detenidos figuran los señalados cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.

Asimismo, fueron arrestados Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, identificados por las autoridades como miembros de la organización.

Otras ocho personas permanecen detenidas para fines de investigación, mientras el Ministerio Público continúa la búsqueda de otro individuo vinculado al caso.

Según el expediente, la estructura criminal tenía su principal centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago, desde donde coordinaba actividades ilícitas con alcance internacional.

Las investigaciones indican que la red estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés y conocimientos tecnológicos que les permitían ejecutar sofisticados esquemas de fraude. Su método consistía en captar potenciales víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a procesos de intimidación siguiendo guiones previamente diseñados por los líderes de la organización.

Los imputados presuntamente se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, incluyendo grupos identificados como el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de generar temor entre las víctimas. Como parte de las amenazas, enviaban mensajes e imágenes violentas para presionar la entrega de dinero.

Una vez obtenidos los recursos, estos eran movilizados mediante distintos mecanismos financieros, entre ellos transferencias electrónicas, operaciones espejo, depósitos a través de empresas remesadoras, plataformas de pago digitales y criptomonedas como Bitcoin.

Las autoridades explican que gran parte de estas transacciones eran realizadas a nombre de terceros identificados durante la investigación, una estrategia destinada a ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su trazabilidad.

El Ministerio Público también sostiene que la exhibición de un elevado nivel de vida por parte de algunos miembros de la organización servía como incentivo para captar nuevos integrantes, principalmente jóvenes residentes en Santiago de los Caballeros y comunidades cercanas.

Además del perjuicio económico, las autoridades destacan que las acciones atribuidas a la red provocaron importantes daños emocionales y psicológicos a las víctimas, quienes fueron sometidas a constantes amenazas e intimidaciones que generaron temor, ansiedad y afectaciones en su estabilidad personal y familiar.

Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para conocer medidas de coerción. El Ministerio Público les atribuye presuntas violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.