Ministerio Público logra envío a juicio de Jochi Gómez, Hugo Beras y otros implicados en presunto fraude contra el Estado
Santo Domingo, 5 junio. – El Ministerio Público informó que obtuvo un auto de apertura a juicio contra el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros imputados vinculados a un presunto esquema de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano.
La información fue ofrecida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien explicó que los acusados enfrentan cargos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo de la valoración que realice el tribunal de juicio sobre los hechos presentados en la acusación.
Según indicó Camacho, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., y contra Hugo Beras, exdirector del Intrant.
De acuerdo con el Ministerio Público, la magistrada también rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensa de Beras y ordenó el envío a juicio de Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quienes se desempeñaron como encargado del Centro de Control de Tráfico y director de Tecnología del Intrant, respectivamente.
Asimismo, la decisión judicial incluye a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público también informó que fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
La medida alcanza además a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., señaladas en el expediente acusatorio.
Según sostiene el Ministerio Público, la estructura investigada estaba integrada por funcionarios públicos, exservidores estatales y particulares que presuntamente participaron en maniobras fraudulentas destinadas a favorecer intereses particulares en procesos de contratación pública.
Wilson Camacho explicó que la acusación establece que los implicados habrían utilizado sociedades comerciales, prestanombres y documentación irregular para obtener el control del proceso de licitación relacionado con la modernización del sistema de semaforización y gestión del tránsito.
De acuerdo con la versión presentada por el órgano acusador, estas acciones permitieron la adjudicación de un contrato valorado en RD$1,317,350,997 a empresas presuntamente vinculadas a José Ángel Gómez Canaán.
El titular de la Dirección General de Persecución destacó que el avance del proceso evidencia los efectos de las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal.
“Esta es la primera acusación que se conoce bajo las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal. Desde el depósito de la acusación hasta la decisión de apertura a juicio han transcurrido apenas seis meses, lo que demuestra la rapidez con la que pueden conocerse los procesos penales tras la reforma”, expresó Camacho al ofrecer declaraciones a los periodistas al concluir la audiencia.
El Ministerio Público reiteró que cuenta con elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación durante el juicio de fondo, donde buscará establecer las responsabilidades penales de los imputados por los hechos que les atribuye.
“En relación a la decisión que tomó el tribunal en el día de hoy, hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones, el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la participación subjetiva del tipo penal”, dijo.
Sin embargo, destacó que retuvo el tipo penal de sabotaje, la cual permite retener la parte objetiva del tipo penal. “Y esta es una cuestión que puede perfectamente resolverse en juicio, en la medida en que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar en juicio que el tribunal que conozca del mismo varíe la calificación, así que esto no es un problema para el Ministerio Público”, dijo.
Sostuvo que el caso llevado por el Ministerio Público se mantiene fortalecido, “porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”.
“Es como decir que el tribunal retuvo el tipo penal en el 90%, el resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahoguen las pruebas”, indicó.
“La calificación jurídica que retiene el tribunal, incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”, subrayó.
Camacho encabezó, junto a la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Arolin Lemos.
El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupción, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operación Camaleón en el año 2024.
La Pepca presentó acusación por el caso contra las personas físicas y jurídicas en el mes de octubre del pasado año 2025.
Durante el proceso, declarado complejo, el Ministerio Público estableció la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El Ministerio Público determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
Cargos que enfrentan
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Cassó operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
El grupo fue acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, además de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documento privado . También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
Dichas conductas están tipificadas y sancionadas por varios artículos de la Constitución de la República Dominicana, Código Penal Dominicano y de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.