INABIE responde al PLD y defiende transparencia en proceso de adquisición de calzado escolar
Santo Domingo, 8 junio. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) defendió este lunes la transparencia y legalidad del proceso de adquisición de calzado escolar que desarrolla para el próximo año lectivo, al tiempo que respondió a los cuestionamientos formulados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre la contratación.
La entidad aseguró que el procedimiento mantiene una participación ampliamente mayoritaria de empresas de fabricación nacional y que se ejecuta conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas y en el pliego de condiciones de la licitación.
Según explicó la institución, el objetivo del proceso es garantizar la cobertura del programa de utilería escolar para el próximo período académico, asegurando la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos por los estudiantes del sistema educativo público.
El INABIE recordó que la contratación busca corregir un déficit en las cantidades inicialmente previstas para el programa de utilería escolar, situación que se produjo tras la anulación parcial de un procedimiento anterior mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en el año 2024.
La entidad indicó que, antes de convocar el actual proceso, fue necesario agotar una fase de reevaluación de los contratos observados como parte de las actuaciones administrativas derivadas del procedimiento anterior.
Asimismo, explicó que la contratación se realiza bajo la modalidad de urgencia contemplada en la legislación vigente, mecanismo que permite ajustar los plazos cuando existen necesidades impostergables de servicio público, como ocurre con el suministro de utilería escolar.
En ese sentido, el organismo aseguró que el proceso se desarrolla respetando los principios de transparencia, legalidad, control y calidad establecidos por la normativa de contrataciones públicas.
Respecto a la distribución de las adjudicaciones, el INABIE precisó que el pliego de condiciones establece que hasta un 80 % de las compras corresponde a bienes de fabricación nacional, mientras que hasta un 20 % puede ser destinado a bienes importados.
La institución sostuvo que este esquema responde a criterios técnicos diseñados para evitar que algunos renglones queden desiertos y para garantizar la cobertura total de la demanda prevista, así como la continuidad del programa de utilería escolar.
Agregó que todas las adjudicaciones estarán condicionadas al cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, la capacidad productiva y los demás requisitos establecidos en el proceso de contratación.
Como parte de los mecanismos de supervisión, el INABIE informó que realiza inspecciones técnicas al 100 % de los oferentes participantes, con el propósito de verificar sus instalaciones, equipos, personal y capacidad operativa.
La entidad destacó que estas evaluaciones se llevan a cabo mediante herramientas digitales que permiten registrar evidencias audiovisuales y datos de geolocalización, garantizando la trazabilidad y verificación de cada inspección realizada.
El organismo también resaltó que más del 80 % de los suplidores que participan en sus programas corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que, a su juicio, demuestra el impacto positivo de estas contrataciones en la economía nacional y en el fortalecimiento de la producción local.
De igual forma, señaló que figura entre las instituciones públicas que generan mayores oportunidades para proveedores nacionales, contribuyendo al desarrollo de encadenamientos productivos y al dinamismo económico en distintas regiones del país.
El INABIE recordó además que toda la documentación relacionada con el procedimiento está disponible para consulta pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como parte de las garantías de transparencia del proceso.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos, la calidad de los bienes destinados a los estudiantes y la continuidad de los programas de apoyo al sistema educativo nacional.