Reflexiones sobre la Judicialización Política
Por: Luis Fernández
La politización de la justicia o la judicialización de la política son fenómenos utilizados como arma para degradar, desprestigiar, inhabilitar y perseguir adversarios, mediante falsas acusaciones. Denuncias infundadas, en muchos casos en complicidad con medios de comunicación para instalar una condena social antes de que haya un juicio justo oral y contradictorio.
En las últimas décadas en América Latina la judicialización de la política se ha convertido en parte de la realidad latinoamericana y como mediante este uso indebido de los sistemas judiciales se cometen abusos en los procedimientos legales, como la fabricación de acusaciones, la violación de la presunción de inocencia y el uso excesivo de la prisión preventiva, causando daños irreparables en su reputación.
En la región el uso indebido de la justicia conocido por Lawfare, tiene muchos ejemplos como en Brasil con el presidente Lula, Paraguay con el ex presidente Fernando Lugo, Argentina con la ex presidenta cristina Fernández de Kirchner, Ecuador con el ex presidente Rafael Correa y con el ex vicepresidente George Glass, Perú con el ex presidente pedro Castillo y otros casos que vulneran las garantías fundamentales.
La República Dominicana en estos casos no ha sido la excepción, aquí también se aplicó el Lawfare en contra de dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana PLD, quienes han sido víctimas de amplios expedientes de corrupción, que corresponden a una estrategia de persecución política orientada a inhabilitarlos y dañar su imagen de cara a los procesos electorales.
Durante años muchos dirigentes del PLD enfrentaron medidas restrictivas, procesos judiciales, afectaciones económicas y graves daños a su reputación personal, todo esto mediante sometimientos abusivos, destinados a hacer daños o destruir al partido y que lo único que han hecho es poner en riesgo la democracia mediante una grosera utilización política de los mecanismos de justicia.
El PLD al fijar su posición sobre él no ha lugar que favoreció a los compañeros Gonzalo Castillo y José Ramon Peralta y al reflexionar sobre todos los compañeros que han sido absueltos por los tribunales, después de años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública, señalo que,” ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido”.
En declaraciones públicas el secretario general del PLD Johnny Pujols, expreso que,” el tribunal reconoció lo que durante años sostuvieron el partido, familiares y sectores de la sociedad dominicana en el sentido de que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo”, lo que constituye también una reivindicación moral.
Agregando que, “El PLD cree en su inocencia, pero además la Constitución de la República lo garantiza, es un principio constitucional la presunción de inocencia”, al referirse a dirigentes de esa organización, quienes durante años fueron sometidos a prisión preventiva y a campañas de descrédito público. “La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde, sino también reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes”.
La declaración del PLD es bien clara, “La Justicia debe servir a la Verdad y no a la Política”, proponiendo que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca más la justicia sea utilizada como instrumento de competencia política, las ruedas de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales y la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.
La utilización selectiva de la justicia con fines políticos y convertir los tribunales en espacios de confrontación partidaria, en nada contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático, el lawfare o guerra jurídica como arma política con acusaciones que carecen de pruebas sólidas, es una práctica que socava los derechos fundamentales de los ciudadanos, haciendo peligrar no sólo la estabilidad política y económica de un Estado, sino también las libertades de los individuos.
La justicia no debe ser usada como un instrumento de competencia política, por sectores inescrupulosos, que buscan desgastar la imagen pública y deslegitimar dirigentes, movimientos o partidos, impedir candidaturas o participación electoral de las fuerzas progresistas, lo que hace que la justicia sea vista como actor político, cuyas decisiones pueden sustituir el debate democrático.
El momento es adecuado para una profunda reflexión de la sociedad, sobre los graves daños de la judicialización política, la igualdad de todos los sectores políticos en la aplicación de justicia, una verdadera independencia institucional y un transparente y real combate a la corrupción, con procesos legales efectivos, sin impunidad selectiva, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Luis Fernández
Analista Político y escritor
Santo Domingo R.D.