Tensión escala entre Ministerio Público y defensa de Jean Alain Rodríguez por demanda contra fiscal Mirna Ortiz

Santo Domingo, 9 junio . – La confrontación entre el Ministerio Público y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que el director general de Persecución, Wilson Camacho, acusara al exfuncionario de recurrir a estrategias de intimidación contra los fiscales que llevan el proceso judicial en su contra.

Uno de los abogados del ex procurador, Carlos Balcácer, rechazó esas afirmaciones y defendió la demanda por difamación e injuria presentada contra la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.

Las declaraciones de Camacho se produjeron a la salida de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde fue conocida una audiencia relacionada con la querella interpuesta por Balcácer contra Ortiz, cuya vista de conciliación fue aplazada para el próximo 23 de junio.

Camacho sostuvo que la acción judicial emprendida contra la magistrada forma parte de una estrategia impulsada por Jean Alain Rodríguez con el propósito de apartar a los fiscales que participan en el proceso que se sigue en su contra en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Según el titular de Persecución, el exprocurador busca desviar la atención de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el juicio de fondo y concentrar el debate en acciones paralelas dirigidas contra los representantes de la acusación.

“Esto no es un tema para hablar con los mensajeros, esto es un tema para hablar directo: esto es una jugada más, un ensañamiento más de Jean Alain Rodríguez contra una dama, en este caso en contra de Mirna Ortiz”, expresó Camacho.

El funcionario consideró que la demanda constituye un nuevo intento de presión contra los fiscales encargados de los casos de corrupción administrativa y aseguró que el Ministerio Público no cederá ante lo que calificó como tácticas de amedrentamiento.

“Es una estrategia más que pretende amedrentar la lucha contra la corrupción, pero Jean Alain debe saber que no nos amedrentó cuando era procurador general de la República y que no nos va a amedrentar ahora. Nosotros vamos a seguir firmes”, manifestó.

Camacho compareció ante la Suprema Corte acompañado de Mirna Ortiz, quien actualmente dirige la Pepca y forma parte del equipo que representa al Ministerio Público en el proceso judicial seguido contra el exprocurador.

Sin embargo, la versión ofrecida por el Ministerio Público fue rechazada de manera categórica por el abogado Carlos Balcácer, integrante del consejo de defensa de Jean Alain Rodríguez, quien insistió en que la querella presentada contra Ortiz responde exclusivamente a una decisión personal vinculada a la defensa de su honor y trayectoria profesional.

El jurista afirmó que la acción legal no guarda relación con la estrategia jurídica del exprocurador ni busca intimidar a los fiscales que participan en el proceso penal.

“Esto no tiene que ver con Jean Alain ni con nadie. Con mi ejercicio profesional nadie va a jugar”, declaró Balcácer al ser abordado por periodistas.

El abogado explicó que la demanda tiene su origen en unas declaraciones ofrecidas por Mirna Ortiz a medios de comunicación los días 17 y 25 de febrero, cuando la magistrada sostuvo que la defensa del exprocurador había mostrado desorganización y que estaba incurriendo en maniobras orientadas a obstruir el desarrollo del proceso judicial.

Balcácer rechazó dichas afirmaciones y aseguró que cuenta con documentos emitidos por el propio tribunal que contradicen la versión ofrecida por la representante del Ministerio Público.

De acuerdo con su explicación, el día al que hizo referencia Ortiz él no participó en las intervenciones procesales que se desarrollaron durante la audiencia, ni tenía asignado turno para presentar incidentes o argumentaciones sobre el fondo del expediente.

Incluso afirmó que en esa fecha se encontraba en Jimaní, por lo que considera imposible que se le atribuyeran actuaciones que, según sostiene, nunca realizó.

“Le mandé un acto de alguacil para que se rectificara o se retractara, porque faltó a la verdad”, indicó.

Balcácer manifestó que las declaraciones de la titular de la Pepca afectaron directamente su reputación profesional y podrían generar consecuencias negativas en la relación con sus clientes.

Explicó que la credibilidad constituye uno de los activos más importantes para cualquier abogado litigante y que señalamientos públicos de desorganización o falta de preparación pueden impactar la confianza depositada por quienes contratan sus servicios.

“Tengo una clientela a la que debo respeto. Cuando leen que supuestamente luzco desorganizado, tienen derecho a despojarme de sus casos. Los que nunca han ejercido el derecho penal no entienden eso”, sostuvo.

Respecto a las sanciones solicitadas en la querella, Balcácer aclaró que no persigue el encarcelamiento de la magistrada ni busca obtener beneficios económicos personales.

Explicó que la demanda contempla una indemnización de 25 millones de pesos, pero aseguró que, en caso de obtener una decisión favorable, la totalidad de esos recursos sería destinada al cuerpo de bomberos de una comunidad de la región Sur del país.

“A mí no me interesa un solo centavo de ella ni de nadie”, afirmó.

Asimismo, reveló que solicitó formalmente al tribunal que, en caso de producirse una condena, cualquier pena privativa de libertad que pudiera imponerse a Ortiz sea suspendida.

El abogado recordó además que esta no sería la primera ocasión en que acciona judicialmente contra representantes del Ministerio Público. Como antecedente citó la querella que presentó años atrás contra la actual procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, cuando actuó en representación de la jueza Margarita Cristo Cristo.

La controversia se produce mientras continúa desarrollándose el juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez, uno de los procesos de corrupción administrativa más relevantes que conoce actualmente la justicia dominicana.

En ese contexto, las acusaciones cruzadas entre el Ministerio Público y miembros de la defensa evidencian el clima de tensión que rodea el caso y anticipan nuevas confrontaciones legales en las próximas semanas, particularmente cuando se conozca la audiencia de conciliación programada para el 23 de junio.