Ministerio Público despliega Operación Onco14 y arresta a tres exdirectivos vinculados a millonario fraude en instituto oncológico de Santiago
Santo Domingo, 14 junio. – El Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco14, una investigación que derivó en el arresto de tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, acusados de integrar una estructura que presuntamente sustrajo millones de pesos destinados a la atención de pacientes oncológicos y defraudó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La operación fue encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, como parte de las acciones para desmantelar una red que habría operado desde el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Entre los arrestados figura Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao. También fueron detenidas Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien ocupó los cargos de vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión de Lora Cruceta.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados —actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center— y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado diversos mecanismos fraudulentos para desviar fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, explicó que esta es la tercera estructura criminal desmantelada como resultado de las investigaciones relacionadas con el fraude cometido contra el SeNaSa, iniciadas tras la denominada Operación Cobra.
Camacho destacó además la colaboración de la Policía Nacional y de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) durante los allanamientos y arrestos realizados en el marco de la Operación Onco14.
Durante las intervenciones fueron ocupados dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares, equipos DVR y otras evidencias.
Según la investigación, los involucrados deberán responder ante la justicia por cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, incluyendo acceso ilícito a sistemas y uso indebido de códigos de acceso, además de lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente establece que Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente del Patronato y de la Junta Directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao el 9 de octubre de 2018. Aunque los estatutos establecían un período de dos años en el cargo, permaneció al frente de la institución hasta el 6 de octubre de 2025.
Las autoridades sostienen que la estructura contó con la participación de empleados y personas vinculadas a la entidad, quienes habrían actuado de manera coordinada para desviar fondos administrados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, recursos que estaban destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
El Ministerio Público indicó que estas acciones perjudicaron tanto al Estado dominicano como a los afiliados del SeNaSa, mediante la ejecución de múltiples maniobras fraudulentas.
El Instituto Oncológico Regional del Cibao, fundado en octubre de 1964, es una entidad administrada por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades relacionadas en toda la región del Cibao.
La investigación también revela que, mediante el acta de la Asamblea Ordinaria del 9 de octubre de 2018, Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez asumió la vicepresidencia de la institución.
Para el Ministerio Público, las evidencias recopiladas apuntan a que Lora Cruceta habría mantenido el control del Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar los aportes estatales destinados a financiar tratamientos para pacientes afectados por cáncer, desviando fondos que debían ser utilizados en la prestación de servicios de salud a una población altamente vulnerable.