ProCompetencia destaca avances del anteproyecto de ley que busca modernizar la defensa de la competencia en República Dominicana

Santo Domingo, 21 junio.– La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, afirmó que el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, concebido para modificar la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, constituye un paso fundamental para la modernización del marco jurídico que regula la competencia en la República Dominicana y fortalecerá las condiciones para el desarrollo de mercados más abiertos, transparentes y eficientes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia titulada “La modernización del derecho de la competencia en la República Dominicana: hacia una nueva arquitectura de mercados libres y competitivos”, impartida en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Durante su exposición, Vásquez Taveras sostuvo que la finalidad principal de la reforma es garantizar que el desempeño económico de las empresas y los agentes del mercado esté basado en la capacidad de innovar, competir y generar eficiencia, dejando de lado privilegios, acuerdos ilícitos o barreras que limiten la libre competencia.

En ese sentido, explicó que el derecho de la competencia constituye una herramienta esencial para asegurar la igualdad de oportunidades dentro de la actividad económica, al promover condiciones que permitan a todos los participantes competir en función de sus méritos y capacidades.

“Es la expresión jurídica de una idea profundamente democrática: que el éxito económico debe ser consecuencia del mérito, la innovación y la eficiencia, y no del privilegio, la colusión o las barreras artificiales”, expresó la funcionaria.

Entre las principales innovaciones contempladas en el anteproyecto, la presidenta de ProCompetencia destacó la incorporación del denominado programa de clemencia, considerado una de las herramientas más efectivas en los sistemas modernos de defensa de la competencia.

Este mecanismo permitiría que las empresas involucradas en acuerdos colusorios o cárteles puedan recibir reducciones o incluso exenciones de sanciones, siempre que revelen la existencia de las prácticas ilícitas y colaboren de manera efectiva con las investigaciones de las autoridades competentes.

Según explicó Vásquez Taveras, la adopción de esta figura colocaría a la República Dominicana en línea con las mejores prácticas internacionales en materia de competencia económica, fortaleciendo la capacidad del Estado para detectar y sancionar conductas que afectan el funcionamiento de los mercados.

Otro aspecto relevante del proyecto es la transformación del régimen de reparación de daños derivados de infracciones a la libre competencia.

La funcionaria recordó que bajo la legislación vigente únicamente tienen derecho a reclamar indemnizaciones aquellas personas o entidades que hayan participado directamente en los procedimientos administrativos desarrollados por ProCompetencia.

Sin embargo, la nueva propuesta amplía significativamente ese alcance, al permitir que cualquier persona física o jurídica que resulte perjudicada por una conducta anticompetitiva pueda acudir a los tribunales ordinarios para solicitar la reparación correspondiente.

De acuerdo con la presidenta de ProCompetencia, esta modificación fortalecerá la protección de los afectados, incentivará el cumplimiento de la normativa y abrirá nuevas oportunidades para el ejercicio profesional del derecho en el país.

“Este modelo, inspirado en las mejores prácticas internacionales, multiplica los incentivos para cumplir la ley, fortalece la reparación integral del daño y abre una nueva área de especialización para la práctica jurídica dominicana: el litigio privado en materia de competencia”, señaló.

Asimismo, el anteproyecto contempla cambios importantes en la denominada función de abogacía de la competencia, especialmente en sectores regulados como telecomunicaciones, energía, seguros y servicios financieros.

Vásquez Taveras explicó que la reforma busca simplificar la interacción institucional en los temas relacionados con competencia económica, de manera que los actores de estos mercados cuenten con un único interlocutor especializado para abordar este tipo de asuntos.

La titular de ProCompetencia enfatizó que la propuesta legislativa trasciende una simple actualización normativa y representa una apuesta por el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico sostenible.

“La modernización de nuestro sistema de defensa de la competencia no es simplemente una reforma legal. Es una apuesta por instituciones más sólidas, por mercados más abiertos y por una economía donde las oportunidades dependan del talento y no de las ventajas indebidas”, manifestó.

Durante la actividad, Vásquez Taveras también valoró la decisión de la UNPHU de incorporar el Derecho de la Competencia al pénsum de la carrera de Derecho, al considerar que esta iniciativa permitirá formar profesionales preparados para enfrentar los desafíos que plantean las economías modernas y los mercados cada vez más complejos.

Indicó que la inclusión de esta disciplina académica refleja la capacidad de la universidad para anticiparse a las necesidades futuras del país y contribuir a la formación de juristas especializados en una de las áreas más dinámicas del derecho contemporáneo.

Por su parte, el director de la Escuela de Derecho de la UNPHU, Ernesto Evertz Rodríguez, resaltó la importancia de promover el estudio y análisis de la competencia económica, debido a su impacto directo en el funcionamiento de la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Sostuvo que hablar de competencia implica reflexionar sobre la manera en que se organizan los mercados, se protege la innovación y se garantiza que las actividades económicas se desarrollen en condiciones de transparencia y equidad.

Asimismo, señaló que el debate cobra especial relevancia en un momento en que la República Dominicana analiza mecanismos para fortalecer sus instituciones, mejorar la eficiencia de los mercados y adaptar sus marcos regulatorios a las exigencias de un entorno económico cada vez más dinámico y competitivo.