Magín Díaz defiende la Ley 30-26, pero admite que no resuelve el déficit estructural de las finanzas públicas
Santo Domingo, 23 junio. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este lunes la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, al asegurar que representa una respuesta viable frente a la coyuntura económica actual, aunque reconoció que la normativa no constituye una solución definitiva a los problemas estructurales de las finanzas públicas de la República Dominicana.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el funcionario explicó que la legislación aprobada recientemente por el Congreso Nacional busca equilibrar la necesidad de generar nuevos ingresos para el Estado con medidas de alivio para los sectores productivos y la corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas.
Díaz señaló que el Gobierno proyecta recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales mediante la aplicación de la ley, apoyándose en mecanismos de consolidación fiscal, reducción de la evasión tributaria, simplificación administrativa e incentivos dirigidos a fortalecer la inversión privada.
El titular de Hacienda insistió en que la Ley 30-26 no debe ser catalogada como una reforma fiscal integral ni tampoco como una medida temporal sin efectos significativos.
A su juicio, la normativa introduce modificaciones importantes al Código Tributario, fortalece los acuerdos de pago con los contribuyentes, regula los descuentos por pronto pago y actualiza conceptos que requerían modernización desde hace varios años.
Entre las disposiciones de aplicación inmediata destacó la eliminación del impuesto del 1 % que gravaba la constitución de compañías.
Asimismo, informó que la supresión del impuesto del 2 % sobre las hipotecas se realizará de manera gradual durante los próximos dos años, mientras que el impuesto selectivo aplicado a los seguros de vida será desmontado progresivamente en un plazo de tres años.
El funcionario explicó que varias de las medidas contenidas en la ley entrarán en vigor a partir de enero de 2027. Entre ellas citó la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación (RST), la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas.
Otras disposiciones, relacionadas con ajustes tributarios aplicables a las bancas deportivas y a determinadas transacciones financieras, comenzarán a implementarse desde julio de este año, una vez que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) complete las adecuaciones operativas y tecnológicas requeridas.
La Ley 30-26 también establece una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta empresarial para las compañías cuyos ingresos superen los RD$1,000 millones anuales.
Según datos oficiales ofrecidos por el ministro, la medida impactará a poco más de mil empresas, de un universo aproximado de 140,000 sociedades que presentaron declaraciones de ISR durante el año 2025.
Subsidios a combustibles y sostenibilidad fiscal
Al referirse al comportamiento de los precios de los combustibles, Díaz indicó que el Gobierno ha destinado más de RD$20,500 millones en subsidios para evitar incrementos significativos en los precios internos durante los períodos de mayor volatilidad internacional del petróleo.
Explicó que las autoridades analizan mecanismos de cobertura financiera y seguros especializados que permitan reducir la exposición de las finanzas públicas ante aumentos bruscos de los precios del crudo en los mercados internacionales.
El ministro también defendió la necesidad de revisar los programas de subsidios sociales para mejorar su focalización. En ese sentido, anunció que el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) será sometido a un proceso de actualización y depuración con el objetivo de disminuir errores de inclusión y exclusión dentro de los programas de asistencia estatal.
No obstante, advirtió que este proceso no necesariamente generará ahorros fiscales significativos, debido a que aún existen miles de hogares vulnerables que califican para recibir ayuda gubernamental y que actualmente permanecen fuera de los programas sociales.
Reforma fiscal integral sigue pendiente
Díaz sostuvo que el debate sobre una reforma fiscal de mayor alcance continúa abierto y deberá abordarse en algún momento, debido a que la República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano al 3 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
Indicó que una solución definitiva requerirá una discusión más amplia sobre la calidad del gasto público, la estructura de los ingresos estatales, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social.
De acuerdo con datos oficiales, el cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente al 3.45 % del PIB, situación que mantiene la presión sobre las cuentas públicas y obliga al Gobierno a buscar alternativas de sostenibilidad financiera.
Hacienda aclara que la ley no grava plataformas digitales
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Economía aclaró el alcance de una de las disposiciones que ha generado interpretaciones erróneas en redes sociales relacionadas con los servicios digitales contratados en el exterior.
La institución explicó que la Ley 30-26 reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores extranjeros por conceptos como licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube.
La reducción representa una disminución de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior y busca aliviar la carga tributaria que enfrentan las empresas locales que utilizan herramientas tecnológicas suministradas desde el exterior, además de acercar el sistema tributario dominicano a prácticas adoptadas en otros países de la región.
El ministerio enfatizó que esta retención no constituye un nuevo impuesto a plataformas digitales ni afecta directamente a los consumidores. Precisó que la disposición se limita a operaciones comerciales entre empresas dominicanas y proveedores no residentes.
Asimismo, explicó que son las compañías establecidas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de efectuar pagos al exterior por estos servicios, por lo que la medida no implica la creación de nuevos gravámenes para usuarios individuales ni para el uso cotidiano de plataformas digitales.