Conocimiento de medida de coerción contra implicados en Operación Onco14 fue aplazado para el lunes
Santo Domingo, 26 junio. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá el próximo lunes 29 de junio, a las 7:30 de la noche, la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los tres principales implicados en la denominada Operación Onco14, una investigación que desmanteló una presunta estructura de corrupción que, según las autoridades, operaba desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), causando graves perjuicios económicos al Estado, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a pacientes oncológicos.
Tras concluir este jueves las fases de réplica y contrarréplica durante la audiencia, el Ministerio Público informó que espera que la magistrada Stephanie Santiago Reyes emita su decisión el próximo lunes, luego de haber presidido tres jornadas de audiencia en el proceso.
El órgano acusador mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, así como para su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán.
En el caso de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, el Ministerio Público solicita que le sea impuesta la medida de arresto domiciliario.
Además de las medidas de coerción, los fiscales solicitaron al tribunal que el proceso sea declarado de tramitación compleja, argumentando la pluralidad de los hechos investigados, la gravedad de las imputaciones y la magnitud de las posibles sanciones penales que podrían imponerse en un eventual juicio.
Equipo de persecución
La representación del Ministerio Público estuvo encabezada por el director general de Persecución, Wilson Camacho, acompañado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago.
También integraron el equipo litigante los fiscales Joanna García, de la Dirección General de Persecución y responsable de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, así como Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público defendieron la necesidad de imponer medidas de coerción severas debido al riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y la complejidad de la investigación.
Investigación por múltiples delitos
De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la estructura desmantelada habría ejecutado durante años un esquema sistemático de fraude que afectó directamente el funcionamiento del Instituto Oncológico Regional del Cibao y los recursos administrados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Los fiscales sostienen que los imputados implementaron diversos mecanismos ilícitos para apropiarse de recursos públicos y privados destinados a la atención de pacientes con cáncer.
Entre las irregularidades investigadas figuran el fraude clínico y farmacéutico, mediante el cambio de indicaciones médicas, la utilización de sellos médicos falsificados, la doble facturación de tratamientos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos a los pacientes.
Asimismo, el expediente incluye acusaciones relacionadas con la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos recibidos como donación, el presunto contrabando utilizando exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Uso irregular de recursos del centro oncológico
El Ministerio Público también atribuye a los imputados el uso de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para la realización de cirugías estéticas ajenas a la naturaleza del centro especializado.
Igualmente, señala presuntos gastos de representación injustificados, reembolsos fraudulentos de viajes y hospedajes, sabotaje digital, sustracción de archivos electrónicos y operaciones dirigidas al lavado de activos.
Según la investigación, los acusados también habrían sobornado distribuidoras de medicamentos con el propósito de facilitar las operaciones fraudulentas.
Fundación habría servido para desviar recursos
Las autoridades sostienen que uno de los principales mecanismos utilizados para distraer fondos fue la creación de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, presidida por Luisa Yasiris Guzmán.
De acuerdo con el expediente, mediante esa entidad se canalizaban recursos provenientes del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y se facturaban al SeNaSa medicamentos y servicios que, presuntamente, nunca fueron suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
La investigación también establece que otra modalidad para desviar recursos consistía en la autoasignación de salarios, viáticos, compensaciones y otros beneficios económicos que, según el Ministerio Público, no correspondían a las funciones desempeñadas dentro de una organización sin fines de lucro.
Arrestos durante la Operación Onco14
Los tres imputados fueron arrestados durante la ejecución de la Operación Onco14, desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, mediante órdenes judiciales previamente autorizadas.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, documentos financieros, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital (DVR), vehículos, títulos de propiedad y un arma de fuego, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.
También fueron incluidas en el expediente las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, por su presunta participación en el esquema de desvío de fondos.
Cargos formulados
El Ministerio Público atribuye a los imputados la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología relacionados con acceso ilícito a sistemas y utilización indebida de códigos de acceso, además de lavado de activos.
La acusación sostiene que la estructura utilizó recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer para obtener beneficios económicos personales, ocasionando perjuicios tanto al patrimonio público como a usuarios del sistema de salud.
La audiencia para conocer la medida de coerción había sido aplazada previamente en dos ocasiones. El pasado viernes fue pospuesta a solicitud de las defensas y posteriormente, el martes, la jueza decidió suspender la vista para continuar este jueves con las intervenciones finales de las partes.
Concluidas las fases de réplica y contrarréplica, la magistrada Stephanie Santiago Reyes fijó para el próximo lunes 29 de junio la lectura de su decisión, con la que se definirá la situación jurídica inmediata de los imputados mientras el Ministerio Público continúa desarrollando una de las investigaciones por presunta corrupción administrativa y fraude al sistema de salud más relevantes que actualmente se ventilan en la jurisdicción de Santiago.