Defensa Técnica de imputados en caso Odebrecht acusa al MP de fabricar pruebas y de no respetar las normas éticas de la profesión

Dicen que los fiscales se muestran desesperados y esperan descargo de sus defendidos

Santo Domingo, 14 Oct – A pocas horas del esperado fallo en el caso Odebrecht, la defensa de los imputados en el sonado escándalo de soborno cargó contra el Ministerio Público acusándolo de “no respetar las reglas éticas de la profesión” fabricando pruebas contra los implicados y publicando mentiras en los medios de comunicación.

La defensa técnica de los imputados consideró que el Ministerio Público sigue comportándose igual que lo ha hecho a lo largo del proceso, en el sentido de que ha irrespetado las reglas sobre las éticas de la profesión, llevando a la prensa mentiras y entuertos en cuanto a lo sucedido en el juicio, en franca violación al artículo 11 de la propia ley orgánica del propio Ministerio Público.  

 “La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA), encabezada por su titular el fiscal Wilson Camacho, se han dado la tarea de intentar confundir a la sociedad en cuanto a lo transcurrido en las diferentes audiencias del juicio de fondo del caso Odebrecht. Se han dado la tarea de pronunciar declaraciones sensacionalistas a los fines de presionar a las juezas que están deliberando, antes de emitir su decisión este jueves 14 de octubre de 2021 a las 3:00 pm”, sostienen los abogados que representan a los seis imputados en el caso 

 “Pasado el juicio, es hora de callar y esperar a que el tribunal decida”, planteó la defensa técnica en una nota de prensa.

 Agregó que “los fiscales se muestran desesperados en sus declaraciones, sobre sus expectativas en cuanto a la decisión que habrá de emitir el tribunal apoderado”.

Las defensas técnicas han reiterado que se ha abusado de la inteligencia del público en general con un discurso populista sobre la corrupción, el cual se hace con el único fin de crear una injusta presión frente a las juzgadoras que tienen a su cargo emitir la decisión del caso”, apunta el comunicado.

Definen ese comportamiento como “una táctica desleal de los fiscales, ya que apelan a la corrupción como mal social, frente a la carencia total de “pruebas”, que no son más que una serie de documentos incapaces de conectar a alguno de los imputados con algún ilícito penal, específicamente con el pago o la recepción de algún supuesto soborno”

 En ese orden, recordaron lo dicho por la magistrada Miriam Germán, cuando en su calidad de Jueza Presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se refirió al expediente de la siguiente manera: “en el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser superadas por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”. 

 Manifestaron los profesionales de las ciencias jurídicas que “en el día de hoy se sabrá si la teoría de la magistrada Miriam Germán, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República, quien llamó la atención en su momento sobre las debilidades de las pruebas para llevar a cabo una acusación exitosa respecto al caso se convertirá en realidad, o de lo contrario si el expediente sustentado y firmado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez será validado”.

 El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá este jueves a las 2:00 de la tarde su sentencia sobre la acusación de aceptar sobornos que pesa contra los seis procesados en el sonado caso, cuatro dirigentes políticos (exfuncionarios), un empresario y un abogado

Tres mujeres que integran el tribunal – las juezas Gisell Méndez, Tania Yu¬nes y Jisell Naranjo- decidirán en primera instancia la suerte que correrán el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exsenadores Andrés Bautista García y Tommy Galán, el exdirector del Instituto Na¬cional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez; el empresario Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga.