Jerarquía, plataformas tecnológicas y movilidad

ARTURO LÓPEZ VALERIO

 La semana pasa­da estuve reuni­do con el sector de plataformas tecnológicas, como parte de los pasos pa­ra la consolidación de un diá­logo para regulación de la industria. Lograr una norma­tiva moderna que facilite la operación de las plataformas tecnológicas en el país, es un paso adelante que contribu­ye con el objetivo del Presi­dente Luis Abinader de posi­cionar al país como un Hub Tecnológico en la región, además de crear las condi­ciones necesarias para conti­nuar en la recuperación de la economía, ofreciendo nue­vas oportunidades de ingre­sos a la población.

Confiamos en que el go­bierno tomará las medidas necesarias para que la Repú­blica Dominicana cuente con un marco normativo que fa­cilite la democratización en el acceso y uso de las nue­vas tecnologías, y el fortaleci­miento y modernización del ecosistema digital. Las plata­formas tecnológicas pueden constituirse en aliados estra­tégicos del empresariado lo­cal y Gobierno Dominicano para el desarrollo y promo­ción de la creatividad y el es­píritu innovador de empren­dimiento, con miras a crear fuentes de ingresos sosteni­bles, así como una movilidad inteligente y sostenible para las ciudades.

Conversé con Uber, DiDi e InDriver, empresas de inver­sión extranjera que solicitan al Gobierno retomar el diálo­go iniciado el pasado 12 de Octubre en la mesa de traba­jo para la elaboración de la normativa técnica del servi­cio privado de transporte de pasajeros mediante platafor­mas tecnológicas.

Las empresas mostraron su preocupación por la au­sencia de seguridad jurídica que garantice las condicio­nes para la atracción y per­manencia de la Inversión Ex­tranjera Directa que requiere el sector de Tecnologías de Información y Comunica­ción en la República Domini­cana. Según sus portavoces, hasta el momento “el pro­ceso ha sido confuso por las contradicciones e inconsis­tencias planteadas en la pro­puesta de Normativa Técni­ca del Servicio de Transporte en Taxi, sometida a consulta pública por el Instituto Na­cional de Tránsito y Trans­porte Terrestre (INTRANT)”.

La desorganización y con­tradicciones a nivel jurídico normativo en este proceso impactan en la imagen país, restando competitividad y afectando la entrada al país de nuevas inversiones y ca­pitales que generan fuentes de ingresos para miles de ho­gares dominicanos. Al obser­var el decreto 515-21, este establece claramente dos ti­pos de servicios de transpor­te: uno de carácter público y otro bajo acuerdo entre pri­vados. Esto se estipula ex­presamente en dos títulos respectivamente: el “Título II: Disposiciones generales del servicio de transporte en taxis”, y el “Título III: El servi­cio de transporte privado de pasajeros a través de plata­formas tecnológicas”.

En virtud de lo anterior, es claro que la normativa vi­gente en esta materia, tanto la Ley 63-17 como el Decre­to 515-21, distinguen explí­citamente la naturaleza par­ticular de cada servicio, y en consecuencia, establecen un marco regulatorio específico para cada uno de ellos.

El texto elaborado por el INTRANT confunde a las empresas de redes de trans­porte (ERTs) con los taxis por comunicación o platafor­mas tecnológicas, y contie­ne además varios elementos que se contradicen con el De­creto 515-21 firmado por el Presidente Luis Abinader.

Las plataformas tecnoló­gicas son parte del ecosiste­ma de aceleración empresa­rial que ha logrado catalizar la economía digital, creando oportunidades nunca antes vistas en el país. Considera­mos que las autoridades de­ben incorporar la conversa­ción sobre el impacto de las mismas a espacios como la Agenda Digital —su lugar natural, para trabajar en es­tricto apego a los principios de legalidad y de jerarquía de normas.

Retomar el diálogo inicia­do en el mes de octubre con el fin de crear una normativa técnica que garantice segu­ridad jurídica para el funcio­namiento de dichas platafor­mas tecnológicas.