Semipresidencialismo y crisis en Haití
Rolkin Lorenzo Jiménez
Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, muchos se preguntaban ¿qué había pasado con el vicepresidente del país?, ¿por qué un primer ministro tomó el protagonismo? La respuesta es que el ordenamiento constitucional del vecino país no contempla la figura vicepresidencial, toda vez que, desacertadamente, emulando a Francia, en Haití impera un sistema de gobierno sempresidencialista o semiparlamentario.
Este modelo de gobernabilidad implica la existencia de un presidente, elegido por voto popular, quien funge como jefe de Estado, y un primer ministro, como jefe de gobierno, quien es nominado por el presidente y ratificado por el Congreso. Una de las características distintivas y más críticas del semipresidencialismo lo es el hecho de que en determinados momentos electorales el Congreso es controlado por un partido político contrario al del presidente, lo que genera que el Poder Legislativo le imponga un primer ministro al presidente. A este escenario se le denomina cohabitación, situación que en la desarrollada Francia ha tenido lugar sin mayores contratiempos.
El semipresidencialismo fue instaurado en Haití a través de la aún vigente Constitución de 1987, aprobada un año después del fin de la dictadura duvalierista. La poca inclinación hacia el consenso político y la caótica realidad socioeconómica haitiana impiden que el sistema semipresidencialista posibilite un gobierno operativo y estable. En tal sentido, durante más de treinta años en Haití ha sido una constante que el Poder Legislativo exija a los presidentes la dimisión y nominación de un nuevo primer ministro.
La tendencia a copiar modelos ajenos a su realidad sociopolítica ha estado presente en Haití desde su independencia en 1804, cuando importó el régimen imperial de la Francia napoleónica. Tan contraproducente fue el modelo monárquico para la nación caribeña, que el país terminó dividiéndose en dos Estados: una república al sur y un reino al norte.
La disposición del constituyente haitiano de 1987 al disgregar el Poder Ejecutivo en dos altos cargos (jefe de Estado y jefe de Gobierno) busca evitar que la concentración de ambas funciones en un presidente genere un nuevo Duvalier. Sin embargo, de cara a que en Haití exista un estándar mínimo de estabilidad política y operatividad gubernamental, en una eventual reforma constitucional se debe configurar un sistema de gobierno estrictamente presidencial, condensando en una sola figura las atribuciones de jefe de Estado y de Gobierno.
