¿Hubo corrupción en el Palacio de México?
Andres Oppenheimer
La popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún no se ha desplomado a pesar del pobre historial de su gobierno en casi todos los frentes. Pero no me sorprendería si sus niveles de apoyo caen significativamente tras las recientes revelaciones sobre posibles actos de corrupción que involucran a su familia. El hijo de López Obrador, José Ramón López Obrador, de 40 años, está en el centro de un presunto escándalo revelado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y el sitio de internet Latinus.us. Según la investigación, un exalto ejecutivo de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes, con sede en Texas, alquiló su casa de Houston al hijo de López Obrador desde agosto de 2019 hasta enero de 2020. Durante ese tiempo, Baker Hughes incrementó significativamente sus contratos con el monopolio petrolero estatal mexicano Pemex, dice el informe de MCCI. López Obrador niega rotundamente que él o su hijo hayan violado alguna ley, o incurrido en un conflicto de intereses, pero aún no han refutado los detalles del informe. En cambio, López Obrador ha tratado de desviar la atención pública amenazando con cortar las relaciones diplomáticas con España por vagas acusaciones de explotación comercial. También está usando sus conferencias de prensa matutinas para atacar a los autores del informe y a otros destacados periodistas por supuestamente ser antipatrióticos y servir a intereses extranjeros, una reacción de manual de los populistas.
En circunstancias normales, no habría que esperar ninguna consecuencia grave de todo esto, porque los gobiernos mexicanos casi nunca investigan a sus propios funcionarios. Pero puede que las actuales no sean circunstancias normales, porque hay una empresa estadounidense de por medio, y funcionarios estadounidenses podrían interesarse en el caso. Gilbert K. Squires, un abogado internacional en Miami y exejecutivo petrolero, me dijo que bajo el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, “es probable que esto pueda conducir a una investigación del Departamento de Justicia o de la Comisión de Bolsa y Valores, o de ambos“. Según los reportes de prensa, la casa del exejecutivo de Baker Hughes fue alquilada a la sobrina López Obrador, que es consultora petrolera, y no al hijo del presidente. El exejecutivo de Baker Hughes ha dicho que no sabía que estaba alquilando su propiedad al hijo de López Obrador. Los detalles del contrato de alquiler no están claros, porque los documentos no se han hecho públicos, me dicen los investigadores de MCCI. Según la organización civil mexicana, la casa se alquiló por $6,187 al mes, que es más que el salario mensual neto del presidente mexicano.
Cuando le pregunté si podría haber una violación de las leyes de Estados Unidos, Joe DeMaria, un abogado defensor y exfiscal federal estadounidense, me dijo que “no hay nada de malo en hacer negocios con familiares de funcionarios extranjeros, siempre y cuando sean negocios normales y transacciones a un valor de mercado. Si ese no es el caso, hay un problema”. Pase lo que pase, las cosas no pintan bien para López Obrador, ni para México. La economía de México ha caído en una recesión técnica, luego de caer durante dos meses consecutivos a fines de 2021. Se espera que crezca un magro 2.5% este año, muy por debajo de las tasas anuales de 4% que prometió López Obrador a principios de su mandato. La fuga de capitales alcanzó un récord de $12,600 millones el año pasado, según cifras oficiales. La inflación aumentó un 7.3% el año pasado, la más alta en dos décadas. La tasa de popularidad de López Obrador ya había caído al 60% antes del reporte de MCCI y Latinus, de un pico del 81% al comienzo de su mandato, según una nueva encuesta del diario El Financiero.
No es inusual que los presidentes mexicanos tengan tasas de popularidad de entre 50% y 60% en este punto de sus mandatos. Pero ahora, si estos reportes prueban un conflicto de intereses, puede que la popularidad de López Obrador caiga aún más. Su campaña electoral de 2018 se basó en sus promesas de poner fin a la corrupción, restaurar el crecimiento económico y reducir la violencia. Sus tres compromisos principales ahora están en duda, o muy lejos de haberse cumplido.
