Daltonismo moral frente a la inflación
Por JUAN LLADO
El daltonismo es un defecto de la vista que consiste en no distinguir ciertos colores o confundirlos con otros.
En su comparecencia del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional el presidente Abinader hizo justicia a los contenidos tradicionales de su anual rendición de cuentas. Con una brillante oratoria no dibujó el panorama nacional como un jardín edénico, pero presentó una perspectiva rosada sobre las obras de su gobierno y delineó sus prioridades. Pero, aunque insufló esperanzas sobre el porvenir, su intervención flaqueó respecto a las anunciadas medidas de protección social. De su gabinete económico es la culpa de que le fallara a los pobres por la insuficiencia de las medidas frente a los estragos de la inflación.
A pesar de la inflación del último año, los ricos y la población empleada están hoy disfrutando de las mieles de una vigorosa recuperación de la economía. Los pobres, sin embargo, sufren no solo la deficiente atención de los servicios públicos de salud y la peor educación de que se tiene memoria, sino tambien el despiadado azote de ese implacable flagelo. Este castiga más a los pobres porque “porque carecen de medios para preservar su poder adquisitivo. Obliga a los hogares de bajos ingresos a evitar la inanición consumiendo alimentos de menor calidad, lo que puede afectar al desarrollo cognitivo de sus hijos.” De ahí que la política pública delinque moralmente cuando no le concede la más alta prioridad a su mitigación.
Mientras, el Banco Mundial informa el impacto de la pandemia sobre los niveles de pobreza de la población: “A pesar del incremento en el gasto social para mitigar el impacto de la pandemia, los estimados oficiales indican que la pobreza creció alrededor de 2,4 puntos porcentuales hasta el 23,4 por ciento en 2020, lo cual representa que más de un cuarto de millón de personas (270,000) ha caído en la pobreza.” A eso debe añadirse que, según la CEPAL, el país tiene una población de 296,500 indigentes. El castigo contra ellos es inmisericorde porque las migajas de su supervivencia provienen de los demás, y estas disminuyen al ser los demás impactados por la inflación. Pero henchidas por la recuperación económica, las autoridades han tendido a privilegiar en general a los productores y empresarios y a soslayar las necesidades de supervivencia de los pobres. El sesgo trasluce una perversa concepción de la equidad social en la distribución del gasto público.
Sin duda, la pandemia ha sido la principal causa de una inflación mayormente importada que ha erosionado el presupuesto familiar. El Banco Central (BC) estimó en 8.7% el nivel de inflación en el 2021, la más alta de los ultimsos14 años. Ese saldo nos califica como el cuarto país latinoamericano con mayor inflación en el año 2021. Según el mismo BC: “Los precios de los alimentos y de los materiales de construcción, al igual que otros rubros, fueron impactados por la situación de los mercados internacionales y el cuello de botella en las cadenas de suministro, además de un alza del precio de los hidrocarburos y el incremento en las tarifas del transporte marítimo durante el 2021, entre otros factores.”
Sin embargo, la Federación de Comerciantes (Fenacerd) informo hace poco que la inflación en los alimentos de los pobres alcanzó el 15% en el 2021, casi el doble de la tasa del BC. Asimismo, la misma Fenacerd informa que desde e l 2020 la inflación en los productos industriales llega al 30%, incluyendo “detergentes, pastas dentales, cloro (casi todos los productos de la higiene), pastas de tomates, guandules, sazones, artículos plásticos, longanizas, chuletas, costillitas y otros productos cárnicos.” Hace apenas días que el Listin Diario reporto que la “gente sigue con el grito al cielo por las alzas en lo precios de la canasta básica.”
Razones hay para pensar que la tasa de la inflación del BC para 2021 se queda muy corta. Y habiendo el BC estimado una inflación de 1.8% para enero del presente año (antes de la guerra de Ucrania y Rusia), las perspectivas son de que los pobres serán aun mas castigados en el 2022. Aun cuando haya una rápida solución al conflicto de la mencionada guerra, las dislocaciones económicas provocadas repercutirán durante todo el año. La inflación para los pobres este año de seguro sobrepasará el 20%. Si la pandemia castró nuestro crecimiento económico en el 2020, todo parece indicar que será la inflación la que afectará el crecimiento en el 2022.
Deberá admitirse que el gobierno ha estado pendiente de la inflación y que la tiene como uno de sus más problemáticos desafios en el presente año. A la fecha sus medidas han sido limitadas a la contención de los precios de los combustibles, consciente de que esos precios impactan a todo el aparato productivo y a la población en general. Asimismo, ha estatuido subsidios para los transportistas a fin de no vulnerar el presupuesto de la clase trabajadora. Un experimentado economista inclusive le sugirió al gobierno endeudarse en unos US$500 millones para mantener congelados los precios de los combustibles (hasta cierto monto), estimular la producción de alimentos y expandir los mercados populares en todos los barrios.
Esa recomendación coliga con las de otros prominentes economistas: “El gobierno dominicano debería aplicar una serie de medidas tendentes a reducir el consumo de energía e hidrocarburos en el país y para garantizar el suministro de alimentos, de prolongarse el conflicto ruso-ucraniano y los elevados precios del petróleo en los mercados internacionales.” Entre las medidas de ahorro energético incluyen la limitación de las jornadas laboral, escolar y de la administración pública, limitar los vehículos que transitan en las calles, establecer corredores de transporte masivo y concientizar a la población. “El gobierno debe mantener una política de subsidios, no tanto a los productores industriales, sino más bien a las familias más pobres a través de los programas sociales. Igualmente, en el sector agropecuario, tratar de quitar el efecto que pueda tener el alza del precio del transporte en esos productos, subsidiando algunos.”
En ese abanico de recomendaciones, afortunadamente, sobresale la de “mantener una política de subsidios, no tanto a los productores industriales, sino mas bien a las familias mas pobres”. Pero aun esa deferencia mínima hacia los pobres no satisface porque no vislumbra un aumento de los subsidios sino su mantenimiento a los actuales niveles. Las demás recomendaciones son sensatas, pero delinquen al no distinguir los segmentos de la población que serian impactados. Por ejemplo, la congelación de los combustibles beneficia a todos, pero principalmente a la clase media que posee vehículos y los empleados que se transportan a sus trabajos. Los pobres no poseen vehículos y usan poco el transporte público. En cuanto al ahorro energético y el subsidio a los transportistas tambien son los pobres los que contribuirían menos porque su consumo es menor.
En materia de protección social el gabinete económico del gobierno se decidió por 1) aumentar el numero de beneficiarios del programa Supérateen otros 300,000, 2) aumentar el bono gas de $228 a $470, añadiendo a 400,000 beneficiarios adicionales, 3) la habilitación de 54 comedores económicos adicionales, y 4) el aumento de los programas de INESPRE (mercado de productores y bodegas móviles). A todas luces, estas medidas son de incuestionable validez y concitan una aprobación inmediata. Pero si se profundiza el escalpelo analítico habrá que concluir que, además de exhibir un sesgo electoralista, no contrarrestan adecuadamente el negativo impacto de la inflación contra los pobres.
Se recordará que el programa Supérate llevó el monto del subsidio a RD$1,650 desde mayo del 2021. Es decir, el ingreso total de los beneficiarios durante el año ascendió a $16,500. Si a ese monto se le aplica la pérdida del poder adquisitivo que representó la inflación de 8.7% estimada por el BC, el poder adquisitivo del ingreso se redujo a $14,603. Y si se usa la tasa de 15% que estimó Fenacerd, la reducción es aún mayor y dejaría el poder adquisitivo en $14,025. Prorateado por los 12 meses del año esto significaría que el subsidio se redujo a $1,169 mensual. Cualquier medida de mitigación del impacto de la inflación que no compense esa perdida del poder adquisitivo (del millón 350,000 hogares que reciben el subsidio de Supérate) sería una flagrante injusticia y un grave insulto a la dignidad de los pobres.
Una pifia similar acusa el aumento del bono gas en tanto la intención del gobierno es mantener congelados el precio de los combustibles. No queda claro la medida en que ese aumento se aplicará a los beneficiarios de Supérate ni tampoco si los 400,000 que se adicionarán serán de la misma membresía. Si se asume un solapamiento de los beneficiarios respectivos se podría admitir que el aumento compensará en algo la perdida del poder adquisitivo del subsidio de Supérate, pero eso sería solo si los combustibles se mantienen congelados durante todo el 2022. Y aun así la inflación proyectada para este año de un 20% demolería cualquier efecto bienhechor.
Por otro lado, las medidas anunciadas para asegurar la alimentación de los más pobres tambien delinquen en la presunción de que habría una distribución perfecta de las raciones. Tal presunción resulta muy arriesgada en tanto los comedores económicos y los programas del INESPRE no necesariamente cubren la población rural ni tampoco aseguran la alimentación de los indigentes. Si pudieran identificarse y contactarse estos dos segmentos poblacionales lo ideal seria entregarles un bono alimenticio para que puedan adquirir sus alimentos donde tengan su domicilio.
Estos sencillos análisis fueron los que debió hacer el gabinete económico del gobierno para recomendar las medidas de mitigación de la inflación en materia de protección social. Por suerte ya el gobierno ha declarado que el costo de las medidas anunciadas por el presidente Abinader no requerirá endeudamiento externo. Como se ha demostrado, sin embargo, el subsidio de Supérate ha sido y será abatido por la brutal inflación y la mitigación compensatoria debería incluir un aumento significativo de este. No debemos titubear si para ello tenemos que endeudarnos mediante una emisión de bonos soberanos de US$500 millones. Honrar el estribillo de “Primero la gente” seria la estrategia política mas favorable para el gobierno y para quien lo encabeza. Así podría enorgullecerse de ser el paladín de la equidad social.
