A cien años de la ocupación militar (y 2)

Eduardo García Michel

Unos gobiernos, sobre todo los de Báez y Lilís, construyeron la acumulación de deuda soberana. Actuaron como si no se pagaría nunca, en realidad a sabiendas de que no la pagarían ellos. Otros asumieron nuevas deudas y lucharon contra la impotencia para cuadrar y honrar las cuentas que consumieron aquellos.

Tan oprobiosa fue la ocupación militar estadounidense en 1916, como malsana y antipatriótica resultó ser la actuación de nuestra clase política, castrada para poner coto al pobre manejo presupuestario y a las discordias internas.

La culpa no siempre no es del extranjero como propalan algunos, sino, y en mayor medida, de nuestras propias actuaciones, descuidos, y falta de inteligencia para medir las consecuencias de los actos propios.

En 2004, bajo el gobierno de Carlos Morales Languasco, se tuvo que firmar el laudo arbitral, mediante el cual la San Domingo Improvement Company cedió sus acreencias a los Estados Unidos (cambio de deudor privado por deudor público), con garantía de lo recaudado en las aduanas dominicanas.

En 1907, la convención perfeccionó el laudo. Se consolidó la deuda, se le impuso un tope por medio de un controvertido plan de ajuste (quita de deuda) y se obtuvo un nuevo crédito.

En 1915, la delegación estadounidense presentó la nota número 14. Exigía el cumplimiento de tres pequeños detalles: la aceptación de un consejero financiero que fiscalizaría la recaudación de los ingresos y el estricto cumplimiento del presupuesto nacional, sin cuya aprobación no se podría hacer erogación alguna; la disolución del Ejército; la creación de una policía o gendarmería bajo el mando de oficiales americanos.

Ante la evolución de los desencuentros entre Desiderio Arias y el presidente Juan Isidro Jimenes, ambos del mismo partido (bolos pata negra y bolos pata blanca), el encargado de negocios interino de los Estados Unidos se permitió enviar, en julio de 1915, sendas comunicaciones.

La dirigida al presidente Jimenes dice: «El presidente Jimenes puede contar con el apoyo completo de los Estados Unidos para debelar cualquier revolución y que, el Gobierno americano, deseando ayudarle, preferiría evitarle a la República Dominicana gastos inútiles y que, en tal virtud, le ofrecía toda la ayuda y las fuerzas necesarias para sofocar cualquier revolución o cualquier conspiración que pretendiera estorbar la administración ordenada del Gobierno».

El presidente Jimenes contesto´: «El Gobierno dominicano estima que sus fuerzas son suficientes para restablecer el orden cada vez que se altere y que no tiene, por lo tanto, la necesidad de la espontánea ayuda que para ese fin le ofrece el Gobierno americano».  Fue una respuesta digna.

La nota dirigida al general Vásquez expresa: «Los Estados Unidos están muy apenados con motivo de la propagación de los desórdenes actuales, lo cual puede obligar a su Gobierno a cumplir las anunciadas seguridades dadas al mundo y al pueblo dominicano. He sido instruido por el Gobierno de los Estados Unidos para llamar la atención a los jefes de la oposición no solo con respecto a lo que precede, sino de que, en caso de que sea necesario, del desembarco de tropas para imponer el orden y respeto al presidente electo por el pueblo. Usted, como jefe de un gran partido, puede hacer mucho por su país, manteniéndose firme y actuando con su ya anunciada oposición a las revoluciones y aconsejando a sus asociados en ese sentido».

Horacio Vásquez respondió: «Yo creo que la paz puede ser establecida firmemente en el país, pero no por tropas extranjeras, sino por el respeto a las instituciones que deben ser buenas… Además, yo no creo que al presidente Wilson le asiste ningún derecho, bajo ningún pretexto, de infringir la soberanía de un país independiente. En cuanto a mi deseo de paz, ese deseo es firme, como se evidencia por mi telegrama público al senador De Castro; pero yo considero como indispensable el respeto a las libertades públicas y a la ley de parte del Gobierno para alcanzar los fines que tanto deseamos». También fue una respuesta digna.

A pesar de los buenos deseos, la intervención militar se produjo en 1916. Y terminó en 2024, hace ya cien años.

Las amenazas asechan. El país sigue acumulando deudas, con la fortuna de que la economía crece y el servicio de la deuda se cumple, aunque cada día se reducen los grados de libertad para atender necesidades básicas de consumo e inversión. 

Por lo demás, existen riesgos de otra naturaleza que no cesan de crecer, como por ejemplo la ocupación en masa de nuestro suelo por inmigrantes indocumentados, cuya presencia en una amenaza a nuestra nacionalidad.

Es tiempo de poner las barbas de nuestra soberanía en remojo. Es imperativo actuar, antes de que se haga aun más tarde.

Diario Libre