A pendón herido, no redimido (2 de 2)

Eduardo García Michel

Una parte importante de los empleadores ha instaurado, en la práctica, no por dominio de las leyes, un sistema laboral informal propicio a sus intereses. Ha logrado eliminar costos regulatorios como los de seguridad social (salud, pensión, accidentes laborales), cesantía, y eludir parcialmente el peso del sistema tributario.

Eso lo alivia de las penalizaciones a la competitividad que recaen sobre sus actividades, aun en el caso de que el salario que pagasen al inmigrante irregular fuese el mismo que el que pagan al dominicano.

En tales condiciones de desprotección social el dominicano se resiste a emplearse, queda desplazado de su ocupación y, en forma creciente, de su suelo.

Como si fuera poco, una oferta de trabajo elástica sustentada por un flujo masivo de inmigrantes haitianos indocumentados, ejerce presión a la baja sobre el salario real.

El interés de los empleadores produce un efecto llamada, que se une a la necesidad de los inmigrantes haitianos de mejorar sus condiciones de vida. Así se conforma un círculo vicioso que estimula el ingreso de indocumentados, de sus familias, parturientas, de más en más. Perjudica las arcas públicas. Y desnacionaliza.

 Lo anterior se combina con un sistema laxo de controles migratorios y con una frontera porosa. Muchos se lucran de ese estado de cosas.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos haitianos habitan nuestro terruño. Se observa que cada vez son más. Copan la agropecuaria, la construcción, áreas de servicios…

Algunos se preguntan si este terruño está en condiciones de prescindir de ellos. Posiblemente no, y menos de improviso. Tampoco ellos están en condiciones de prescindir del país.

Lo que sí se puede y se debe hacer de inmediato es corregir las políticas públicas que afectan la competitividad, recomponer la relación 80/20, organizar el mercado laboral, ordenar el proceso migratorio, volver a la normalidad de un Estado que tiene dominio sobre las variables básicas.

Si cada autoridad se contemplara en su propio nivel de autocomplacencia, le resultaría agrio digerir lo que aquí se afirma.

El presidente Luis Abinader convocó a un pacto de nación para hacer frente a esta situación de tanta complejidad. El pacto está firmado, con lamentables ausencias. Es hora de ejecutarlo.

En el área laboral hay que poner en estricta vigencia el porcentaje de participación en el trabajo en cada explotación económica de por lo menos 80% de dominicanos y hasta 20 % de extranjeros en situación de legalidad, lo cual requerirá de un período transitorio de recomposición de la relación.  

Durante ese período podrían instalarse centros de captación de datos biométricos que permitan a los empleadores identificar a los indocumentados para proveerles de un contrato provisional, hasta que sea sustituido por el contrato regular al término del período de gracia. Quienes no dispongan de esos documentos tendrían que abandonar el territorio.

En adición, habría que obligar al cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social para todos los empleados, sin excepción, formales o informales en proceso de obtención de su permiso de trabajo, mediante un plan progresivo a ser completado en un período determinado. Esto nivelaría el terreno de juego. De paso, mejoraría la protección social de los trabajadores dominicanos.

Así mismo, se tendrían que corregir las rigideces que dificultan la formalización del trabajo, como es el caso de los términos en que está concebida la cesantía. Su modificación trasciende el área del mercado laboral, pues no solo frena el alza del salario, elude la formalización del empleo, sino que se convierte en una de las razones de exclusión del trabajo del dominicano y de la entrada de indocumentados.

La reforma laboral que acaba de anunciarse no es ajena a estas circunstancias. Debe formar parte de la solución, al igual que la reforma fiscal que se avecina, y la de otros aspectos de las políticas macroeconómicas que penalizan la competitividad.

En el área migratoria es indispensable hacer cumplir la ley. Ningún extranjero debería poder vivir en territorio dominicano en situación de ilegalidad. Las sanciones deben ser endurecidas y aplicadas con rigurosidad sobre el empleador, el indocumentado, y los funcionarios y empleados, civiles y militares, que desatiendan sus deberes.

En esta patria se disfruta de libertad, democracia, paz, estabilidad, crecimiento, joyas escasas en el árido desierto de las naciones americanas. Y se arrastran desajustes que requieren ser subsanados por medio de reformas.

Pero, por encima de todo, el reto más formidable a ser afrontado y la principal reforma pendiente de ser ejecutada es la de ordenar el mercado de trabajo, controlar la migración, frenar en seco el proceso de desnacionalización en marcha.   

Diario Libre