A un mes del mayor decomiso de drogas en República Dominicana: Controversias, declaraciones y preguntas sin respuesta
Santo Domingo, 5 de enero. – Este lunes se cumple un mes desde el histórico decomiso de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, un operativo que marcó un precedente en la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana. La operación, liderada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) y otras agencias de inteligencia, desató una serie de reacciones nacionales e internacionales que aún generan controversia.
El decomiso tuvo lugar el 6 de diciembre de 2024, cuando agentes de las entidades involucradas interceptaron un contenedor procedente de Guatemala con destino a Bélgica, el cual transportaba bananos. Durante la inspección, se encontraron 320 sacos que contenían las 9.8 toneladas de cocaína. Este cargamento tiene un valor estimado en 250 millones de dólares, según informó Carlos Devers, vocero de la DNCD.
Siguiendo instrucciones del Ministerio Público, la operación fue ejecutada con la participación de la Seguridad Militar del Puerto Caucedo y organismos de inteligencia del Estado. Este decomiso es el más grande en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Desde que se reveló el hallazgo, el caso ha estado marcado por declaraciones contradictorias y señalamientos entre países. El Gobierno de Guatemala fue el primero en deslindarse de responsabilidades, asegurando que el contenedor no contenía sustancias ilícitas al salir de su territorio. Según el Ministerio de Gobernación guatemalteco, la carga fue sometida a inspecciones con tecnología de escaneo que no revelaron irregularidades.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, fue enfático al afirmar que la contaminación del cargamento ocurrió en República Dominicana. “Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana, y nuestras políticas de seguridad siguen firmes en la lucha contra el narcotráfico”, expresó en respuesta a periodistas.
Honduras también negó inicialmente cualquier vínculo con el cargamento. Un comunicado oficial de Aduanas de Honduras sostuvo que los contenedores no tocaron sus puertos. Sin embargo, la Dirección General de la Marina Mercante hondureña desmintió esta declaración al confirmar que el buque SCORPIUS, de bandera liberiana, realizó una escala en Puerto Cortés, aunque el contenedor en cuestión no fue desembarcado en esa instalación portuaria.
En tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, agregó un nuevo elemento al caso, señalando que las toneladas incautadas provenían de grupos armados en la región del Catatumbo, una zona selvática conocida por su producción de cocaína. Petro indicó que el decomiso fue posible gracias a la inteligencia de la Policía Nacional colombiana.
A nivel local, la gestión del caso por parte de las autoridades dominicanas ha sido objeto de críticas. El presidente Luis Abinader prometió un informe conjunto con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), pero hasta ahora no se han dado a conocer detalles. Asimismo, el Ministerio Público investiga a 15 personas relacionadas con el caso, pero no ha presentado solicitudes de medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente.
Otro punto controversial fue la incineración de las 9.8 toneladas de cocaína apenas tres días después del decomiso, el 9 de diciembre. La quema se llevó a cabo en la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército, ubicada en Pedro Brand. Opositores del gobierno, como Rolando Rosado Mateo, exdirector de la DNCD y actual vicesecretario del Partido Fuerza del Pueblo (FP), cuestionaron la rapidez del proceso.
“Este tiempo récord despierta muchas interrogantes. ¿Por qué la prisa en destruir una evidencia tan importante? Las autoridades deben ofrecer respuestas claras”, expresó Rosado Mateo en una rueda de prensa.
A un mes del decomiso, el caso sigue siendo un tema de debate público y diplomático. Las declaraciones de los países involucrados, las críticas internas y la falta de claridad en el manejo del caso plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas contra el narcotráfico y la cooperación internacional.
