Abel Martínez tilda de “autoritaria” la propuesta de ley de libertad de expresión presentada por el Ejecutivo

Santo Domingo, 6 de mayo de 2025 — El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, emitió fuertes críticas contra el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, sometido recientemente al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo con el propósito de actualizar la antigua Ley 61-32, vigente desde 1962.

En un pronunciamiento realizado a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Martínez advirtió que la iniciativa gubernamental “aparenta proteger derechos”, pero que en su contenido real “consolida un modelo de control disfrazado”.

Según el dirigente opositor, el proyecto representa una amenaza a las libertades fundamentales, al establecer mecanismos de vigilancia y sanción que podrían ser utilizados con fines políticos.

Una de sus principales objeciones se dirige a la propuesta de crear el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), una entidad pública que, aunque se presenta como descentralizada y con autonomía funcional, financiera y administrativa, según Martínez, estaría sujeta al control del Ejecutivo.

El exalcalde de Santiago sostuvo que el organismo propuesto tendría facultades excesivas para sancionar, multar y suspender medios de comunicación sin necesidad de la intervención del Poder Judicial.

“Es un organismo que puede sancionar sin que medie un juez, intervenir en contenidos, redes sociales, plataformas digitales y hasta en espectáculos. Esto no es libertad, es control estatal del discurso”, señaló de manera tajante el dirigente peledeísta.

Martínez fue más allá al calificar la propuesta legal como una “legislación que nace con el rostro de la democracia, pero con los reflejos del autoritarismo”. En su opinión, el proyecto pone en riesgo el libre ejercicio del periodismo, la crítica política y la pluralidad de voces en la esfera pública, pilares esenciales en una democracia.

Además, destacó que ya diversos sectores han comenzado a referirse a la iniciativa como una “ley mordaza”, término utilizado para describir leyes que restringen de manera encubierta la libertad de expresión, disfrazadas de regulaciones necesarias.

El proyecto fue depositado en el Senado de la República el pasado viernes 2 de mayo y ha sido presentado por el Gobierno como una respuesta necesaria a los desafíos del ecosistema digital actual. Según el documento oficial, la propuesta busca actualizar una legislación que ha quedado obsoleta frente a la revolución tecnológica y mediática de las últimas décadas.

Por su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, defendió la iniciativa señalando que fue elaborada a partir de un amplio proceso de consultas con participación de actores clave de la sociedad civil, medios de comunicación y juristas especializados. El funcionario aseguró que la intención del proyecto es establecer un marco legal moderno, coherente y respetuoso de los principios democráticos, que garantice tanto la libertad de expresión como la responsabilidad en el uso de las plataformas de comunicación.

Peralta subrayó que el proyecto no pretende ejercer censura ni limitar la libertad de prensa, sino garantizar una regulación adecuada para un entorno mediático profundamente transformado por las tecnologías digitales y las redes sociales. La creación del Inacom, argumentó, responde a la necesidad de contar con una entidad que supervise de forma técnica y especializada el cumplimiento de los principios establecidos por la ley.

A pesar de estas explicaciones, las declaraciones de Abel Martínez reflejan el surgimiento de una narrativa crítica entre sectores de la oposición que consideran que la propuesta puede abrir la puerta a prácticas restrictivas, especialmente en contextos políticos polarizados.

Martínez, quien también fue presidente de la Cámara de Diputados, se ha posicionado como una voz activa en el debate político nacional, y sus declaraciones apuntan a que la discusión de esta ley se desarrollará en un clima de alta sensibilidad y tensión entre el oficialismo y la oposición.

El debate legislativo que se avecina no solo pondrá a prueba la solidez técnica del proyecto, sino también su legitimidad política y social. En este sentido, se espera que diversos sectores, incluyendo gremios periodísticos, organizaciones de derechos humanos y académicos, emitan sus opiniones y sugerencias en las próximas semanas.