Abinader aclara que ley de libertad de expresión no es autoría del Gobierno y afirma que relaciones con Venezuela siguen congeladas

Santo Domingo, 12 de mayo de 2025. – El presidente de la República, Luis Abinader, se refirió este lunes a dos temas de gran relevancia nacional e internacional: la controversia en torno al proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, y el estado actual de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela.

Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario dejó claro que el proyecto de ley que busca reformar la actual legislación sobre libertad de expresión no fue redactado por su Gobierno, aunque sí fue remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo como canal formal de tramitación.

“Quien les habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley, una coma”, expresó tajantemente Abinader. “Ese no es proyecto de ley del Gobierno, ese es un proyecto de ley consensuado con diferentes sectores”, añadió.

El presidente explicó que esta propuesta fue elaborada por una comisión consultiva compuesta por abogados, representantes de medios de comunicación y otros actores sociales, con el objetivo de actualizar la Ley 61-32, vigente desde 1962. Según dijo, el proyecto es resultado de un esfuerzo plural que ahora se encuentra en fase de estudio en el Senado de la República.

Abinader reiteró su apertura a que más sectores puedan participar en el debate legislativo: “Si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores”. Invitó a los críticos a acudir al Congreso: “Los que faltan, que vayan al Congreso para que los escuchen y puedan determinar si tienen méritos sus observaciones”.

El proyecto fue introducido al Senado el 2 de abril por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a solicitud de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, presidida por el abogado Namphi Rodríguez.

Pese a los consensos alcanzados en su elaboración, la iniciativa ha generado controversia. Entre los detractores se encuentra el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien ha denunciado que la pieza busca establecer censura previa sobre medios digitales.

Martínez afirmó que el proyecto “crea un organismo regulador dependiente del Ejecutivo, capaz de sancionar, multar y suspender medios sin necesidad de un juez”.

El punto de conflicto se centra en la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un ente adscrito al Ministerio de Cultura que sustituiría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Según el proyecto, Inacom tendría la responsabilidad de garantizar una programación plural y supervisar a los medios, pero críticos temen que se convierta en un mecanismo de control gubernamental.

En contraste, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, ha respaldado la iniciativa, destacando que responde a las necesidades actuales del ecosistema comunicacional, especialmente en el ámbito digital.

En otro orden, el presidente Abinader también abordó el estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela, las cuales se mantienen congeladas desde julio de 2024. “Con Venezuela la situación está inalterable, igual que ha estado en los últimos meses”, dijo escuetamente el mandatario, al ser cuestionado por el medio Diario Libre durante la misma rueda de prensa.

La ruptura diplomática se produjo luego de que el Gobierno dominicano, junto a otros países latinoamericanos, cuestionara la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador.

En represalia, el gobierno venezolano suspendió los vuelos comerciales hacia y desde República Dominicana, retiró su cuerpo diplomático y exigió medidas similares a las autoridades dominicanas.

A pesar de este distanciamiento, el gobierno dominicano mostró un gesto humanitario tras el trágico derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en abril, que dejó más de 230 fallecidos, entre ellos ciudadanos venezolanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitó la entrada de venezolanos para repatriar los cuerpos, aunque no ofreció detalles sobre cómo se concretó dicha ayuda en medio de la suspensión de los vuelos directos.

El distanciamiento diplomático persiste incluso después de que, el 9 de enero, el Gobierno dominicano reconociera públicamente a Edmundo González Urrutia como el ganador legítimo de las elecciones, en base a actas presentadas por la oposición venezolana que lo acreditaban con más del 70 % de apoyo popular.