Abinader ante una prueba de fuego
Por Miguel Liberato
En los últimos meses hemos observados dos episodios que reflejan un problema estructural de comunicación y responsabilidad dentro del Gobierno relacionados con funcionarios que, por negligencia, temor o cálculo político, entregan información parcial o distorsionada al presidente.
Esto significa que el mandatario ha sido inducido a comunicar públicamente versiones incorrectas como ocurrió sobre el déficit en SENASA y en el caso de los contratistas con deudas viejas por cobrar.
El resultado es que el jefe de Estado termina sosteniendo públicamente versiones falsas, comprometiendo su credibilidad porque su equipo le ocultó, maquilló o tergiversó la realidad.
En el caso de los contratistas del Comité Institucional Codiano, en los cinco años, los funcionarios del Gobierno han mantenido el discurso de que los constructores con deudas viejas no cumplen con los soportes que exige el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos.
Fue por ello que en el escenario de La Semanal el presidente Abinader fue inducido a afirmar que no se le puede pagar a contratistas que no cumplen con los soportes.
Sin embargo, la realidad, confirmada por las propias instituciones deudoras, es radicalmente distinta, pues son estas instituciones las que, por negligencia o corrupción, han perdido documentos públicos indispensables para tramitar los pagos.
A pesar de las reiteradas advertencias del Comité Institucional Codiano el mandatario sostuvo públicamente una narrativa contraria a los hechos.
Este cuadro pone a prueba el liderazgo del Presidente Luis Abinader ya que si en verdad se apuesta por la transparencia y el fortalecimiento institucional se requiere actuar con decisión frente a los funcionarios que ocultaron información neurálgica.
En ocasiones se tiene la percepción de que Abinader es muy flexible, pues mantener a esos funcionarios en sus cargos equivale a validar el engaño, perpetuar la injusticia y seguir poniendo en riesgo la credibilidad del Gobierno.
La desaparición de documentos públicos en las instituciones estatales que mantienen deudas con contratistas no solo pone en riesgo la transparencia y la seguridad jurídica, sino que también podría configurar un grave acto de corrupción administrativa.
Al cumplirse dos meses desde que el Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó formalmente a la PEPCA investigar esta pérdida documental, el silencio oficial se vuelve insostenible, ya que la falta de respuesta erosiona la confianza ciudadana y profundiza la sensación de impunidad frente a hechos que comprometen derechos, patrimonio y vidas de contratistas que solo exigen el pago legítimo de obras terminadas y usufructuadas por el Estado.
Los contratistas entienden que la medida más sensata, y al mismo tiempo más contundente, sería suspender a los implicados y crear una comisión interinstitucional con poder real para reconstruir expedientes y garantizar el pago de la deuda vieja.
Esto no es solo un asunto de justicia contractual, es una cuestión de ética pública y de respeto al Estado de derecho, porque cuando se pierde la confianza en la palabra oficial, se erosiona la legitimidad del gobierno entero.
Si Abinader actuara con firmeza, no solo saldaria la deuda de 390 millones de pesos con 92 contratistas y sus familias, sino que también debe enviar un mensaje histórico de que en su administración nadie puede mentir impunemente al Presidente ni manipular información pública sin consecuencias.
Ese sería un legado de transparencia y justicia, en vez de la imagen de un liderazgo rodeado de funcionarios que, por omisión o por dolo, han convertido la negligencia administrativa en represión encubierta.
