Abinader condecoró a supervisor dominicano de la DEA hoy acusado de fraude de visas en EE. UU.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro advierte que “quien utilice su placa para traicionar al país enfrentará la justicia”
Por la Redacción
Santo Domingo. – 15 de febrero de 2026.– El arresto en Washington D. C. de Melitón Cordero, el primer dominicano en ocupar la posición de supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, ha provocado un fuerte impacto político e institucional, al tratarse de un funcionario que fue condecorado oficialmente por el presidente Luis Abinader hace apenas meses por sus méritos en la lucha contra el narcotráfico.
Cordero, de 47 años, fue distinguido mediante el decreto 520-24, emitido el 11 de septiembre de 2024, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero. En ese momento, el Poder Ejecutivo resaltó su trayectoria, su liderazgo y su contribución a la cooperación bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana en el combate contra el crimen organizado.
Hoy, ese perfil de reconocimiento público contrasta con una acusación federal por conspiración para cometer soborno y fraude de visas.
De símbolo de cooperación a acusado federal
El decreto presidencial destacaba que Cordero se había convertido en el primer dominicano en alcanzar el rango de supervisor de la DEA en el país, un logro presentado como un hito en la integración de talentos dominicanos dentro de agencias federales estadounidenses.
En los considerandos del documento se señalaba su “compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico” y se le atribuían múltiples reconocimientos por fortalecer la coordinación entre agencias dominicanas y estadounidenses.
El perfil proyectado era el de un funcionario modelo: experimentado, respetado y pieza clave en la arquitectura de cooperación antinarcóticos en el Caribe.
Sin embargo, la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dibuja un escenario completamente distinto.
El caso de fraude de visas
Según los documentos judiciales, Cordero habría tramitado al menos 119 solicitudes de visa durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Al menos una de esas solicitudes, sostienen los fiscales, habría sido fraudulenta.
La investigación señala que el exsupervisor presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de agilizar visados de no inmigrante para ciudadanos extranjeros. En uno de los casos descritos, habría facilitado pasaporte y visa a un individuo a cambio de dinero en efectivo.
Además, se le acusa de orientar a solicitantes sobre cómo prepararse para entrevistas consulares, presuntamente como parte de un esquema diseñado para manipular el sistema migratorio estadounidense.
El caso es investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la propia DEA.
Advertencia contundente de la fiscal
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, fue enfática al referirse al caso.
“Cualquier persona que utilice su cargo oficial, uniforme o insignia para violar la ley enfrentará investigaciones rigurosas y será procesada judicialmente”, declaró.
Pirro calificó las acciones atribuidas a Cordero como una traición a la seguridad nacional y subrayó que la justicia estadounidense no permitirá que funcionarios públicos manipulen procesos migratorios para beneficio personal.
“El mensaje es claro: si traicionas a nuestro país usando una placa, te encontraremos y enfrentarás la justicia”, expresó la fiscal, dejando claro que no habrá trato diferenciado por rango o posición.
Reacción diplomática y cierre de oficina
La dimensión del caso llevó a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, a anunciar el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo.
En un mensaje público, Campos afirmó que “la corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro” y calificó como “repugnante y deshonrosa” cualquier violación de la confianza pública.
La decisión busca enviar una señal institucional de tolerancia cero mientras se desarrollan las investigaciones.
Impacto político en República Dominicana
El hecho de que Cordero haya sido condecorado oficialmente por el presidente Abinader añade un componente político al caso. Aunque el reconocimiento se otorgó en función de su trayectoria hasta ese momento, la revelación de la acusación federal genera cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de figuras premiadas por el Estado.
En su momento, el decreto presidencial subrayó que Cordero fortalecía la integración entre agencias dominicanas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Ese mismo posicionamiento institucional es ahora objeto de escrutinio, en la medida en que el presunto esquema de fraude habría ocurrido durante su asignación en la Embajada estadounidense en Santo Domingo.
Analistas consideran que el caso no necesariamente compromete la relación bilateral, pero sí representa un golpe simbólico, al tratarse de un funcionario elevado como ejemplo de cooperación y mérito profesional.
De condecorado a imputado
La trayectoria pública de Cordero, marcada por su ascenso dentro de la DEA y su reconocimiento oficial en la República Dominicana, contrasta de forma dramática con su situación actual como acusado en un tribunal federal estadounidense.
Si es hallado culpable, enfrentaría penas significativas de prisión por los cargos de conspiración para soborno y fraude de visas.
Mientras el proceso judicial avanza en Washington, el caso deja una lección contundente tanto en el plano institucional como político: la reputación construida en años puede desmoronarse en cuestión de días ante acusaciones de corrupción.
Y como advirtió la fiscal Ferris Pirro, la placa y el uniforme no ofrecen blindaje frente a la ley.
