Abinader evalúa restricciones a servicios públicos para extranjeros y rechaza recibir migrantes de otros países deportados por EE.UU.
Santo Domingo, 3 de febrero. – El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno dominicano evalúa implementar restricciones en el acceso a los servicios públicos para los extranjeros indocumentados, incluyendo el cobro de estos servicios.
Durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, el mandatario respondió a una pregunta sobre el acceso de extranjeros a los servicios de salud, en particular el caso de las parturientas haitianas que llegan a República Dominicana para dar a luz. Abinader subrayó que, ante la crisis socioeconómica de Haití y la falta de respuesta efectiva de la comunidad internacional, se están considerando nuevas medidas para regular el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos.
«Eso está en proceso de evaluación y de establecer metodologías; lo que yo te puedo decir es que, ante todas las acciones internacionales, la situación en la que se encuentra Haití y la posición de la comunidad internacional, nuestros servicios públicos no deben continuar de esa manera. Evidentemente, tenemos que poner mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, del acceso o de ambos», afirmó el presidente.
Las estadísticas del sector salud revelan que, entre enero y noviembre de 2024, se registraron 29,710 partos de madres haitianas en hospitales dominicanos, representando el 35.7 % del total de 83,186 partos atendidos en la red pública. Esta cifra ha generado preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario, razón por la que el Gobierno está analizando estrategias para optimizar los recursos.
Abinader destacó que su administración ha realizado una inversión extraordinaria en hospitales, especialmente en la región sur, para garantizar mejores servicios a los dominicanos. No obstante, señaló que este esfuerzo representa un alto costo económico y requiere medidas que garanticen su sostenibilidad sin descuidar el enfoque humanitario.
Abinader rechaza recibir inmigrantes deportados por EE.UU.
En otro orden, el presidente Abinader descartó rotundamente la posibilidad de que República Dominicana acepte recibir inmigrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos, como se estaría negociando con El Salvador.
«El lugar más lejos que nosotros vamos a aceptar retener, que venga gente, es Pedernales», sentenció el mandatario, dejando claro que el país no aceptará este tipo de acuerdos.
Al abordar el tema, enfatizó que República Dominicana no tiene obligación ni intención de recibir inmigrantes de otras naciones deportados por el gobierno estadounidense. «Nosotros ni tenemos obligación ni aceptaremos recibir personas de otros países, solamente los dominicanos, que tenemos el deber y el derecho de hacerlo», afirmó.
Sobre la situación de los dominicanos en Estados Unidos, Abinader aseguró que la mayoría se encuentra con un estatus migratorio regular, aunque no ofreció cifras exactas. Sin embargo, reconoció que la comunidad dominicana en Puerto Rico ha solicitado apoyo ante la reciente ola de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump.
En ese sentido, el presidente informó que los cónsules dominicanos han intervenido en Puerto Rico para asistir a compatriotas que han solicitado su repatriación. Según reportes del periódico puertorriqueño El Nuevo Día, al menos 11 dominicanos han acudido a la embajada dominicana en San Juan para facilitar su retorno al país.
Además, se ha observado un impacto en el sistema educativo de Puerto Rico, donde el ausentismo escolar en comunidades con una alta población dominicana ha alcanzado entre 60 % y 70 % tras el anuncio de las interdicciones y repatriaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).
La comunidad dominicana en la isla ha manifestado temor ante la implementación de esta política migratoria, que ha generado incertidumbre sobre su futuro en territorio estadounidense.
Con estas declaraciones, el Gobierno dominicano reafirma su postura en torno a la regulación migratoria y la sostenibilidad de los servicios públicos, mientras enfrenta desafíos derivados de la crisis haitiana y las políticas migratorias de EE.UU.
