Abinader y Peña obligados constitucionalmente a declarar nuevamente bienes antes del 16 de septiembre
Santo Domingo, 1 sept – Desde su llegada a la Presidencia de la República en 2020, Luis Abinader ha subrayado repetidamente que la «transparencia» y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de su gobierno.
Este compromiso se hizo evidente desde el inicio de su mandato, cuando el 15 de septiembre de ese mismo año presentó su declaración jurada de bienes y aseguró que todo su patrimonio sería transferido y gestionado a través de un fideicomiso.
La Presidencia de la República informó en esa ocasión que la información patrimonial del presidente estaba a disposición del público, permitiendo su consulta y análisis por parte de los medios de comunicación y cualquier ciudadano interesado.
A medida que se aproxima el término de su primer mandato y tras haber sido reelecto para el período 2024-2028, Abinader se enfrenta de nuevo al desafío de cumplir con este compromiso de transparencia.
Según las leyes vigentes, deberá presentar una nueva declaración jurada de bienes antes del 16 de septiembre de este año. Esta obligación está estipulada en el artículo cinco de la ley 311-14, que establece el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
Dicha ley exige que todos los funcionarios públicos obligados a declarar, como es el caso del presidente Abinader, presenten su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión, incluyendo tanto su patrimonio personal como el de la comunidad conyugal.
El cumplimiento de esta norma no se limita solo al presidente. El artículo dos de la misma ley especifica que la vicepresidenta, así como otros altos funcionarios, también deben presentar sus respectivas declaraciones juradas antes del 16 de septiembre.
Entre estos funcionarios se encuentran los senadores, diputados, secretarios administrativos del Senado y la Cámara de Diputados, así como el gobernador y vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central.
También están incluidos en esta obligación el contralor General de la República, el administrador del Banco de Reservas, los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales, así como los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares y policiales, entre otros.
En el contexto del inicio de este nuevo período gubernamental, se llevó a cabo la primera reunión del consejo de ministros, en la cual se estableció un mandato claro: todos los funcionarios deberán firmar un compromiso ético que asegure las mejores prácticas y un comportamiento ejemplar en el desempeño de sus funciones públicas.
Según José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, este consejo de ministros se centró en reforzar los objetivos de transparencia, compromiso e identificación del funcionario público con las mejores prácticas y un comportamiento ético riguroso en el ejercicio de sus responsabilidades.
En esta misma línea, Milagros Ortiz Bosch, encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, destacó que el encuentro fue una oportunidad para renovar el compromiso con la transparencia y la ética en la administración pública.
Ortiz Bosch subrayó la importancia de actuar siempre conforme a la ley, respetando los principios éticos y morales que deben guiar la conducta de todo funcionario público.
