Abogado advierte sobre graves consecuencias legales por difundir rumores contra la liquidez del Banco de Reservas

SANTO DOMINGO, 23 Diciembre. .– El abogado y especialista en persecución de crímenes, delitos y fraudes financieros, Amadeo Peralta, advirtió que las personas que utilicen las redes sociales o produzcan videos exhortando a la población a retirar su dinero del Banco de Reservas podrían enfrentar severas consecuencias penales, al tratarse de una conducta sancionada por la legislación dominicana.

Durante una entrevista concedida a periodistas de este medio, Peralta explicó que la difusión de rumores falsos o la organización de campañas difamatorias que pongan en duda la liquidez de una entidad financiera constituye un delito contemplado en la Ley Monetaria y Financiera. De acuerdo con el jurista, el artículo 80 de dicha normativa establece penas que van desde tres hasta diez años de prisión, además de multas que oscilan entre RD$500,000 y RD$2,500,000.

El abogado fue enfático al señalar que este tipo de acciones no deben tomarse a la ligera, ya que pueden acarrear consecuencias legales de gran impacto para quienes las promuevan o difundan. Indicó que cualquier persona que participe en la propagación de estos rumores, ya sea creando contenido o compartiéndolo, se expone a procesos judiciales severos.

Peralta aseguró que distintas instituciones del Estado se mantienen realizando un monitoreo exhaustivo de las redes sociales con el objetivo de identificar a los responsables de este tipo de conductas, incluso cuando los autores se encuentren fuera del país. Entre los organismos involucrados mencionó a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), al propio Banco de Reservas, a la Superintendencia de Bancos y al Ministerio Público.

Según explicó, las autoridades están recopilando videos y otros contenidos digitales que inciten a la población a retirar sus ahorros o que presenten a la entidad bancaria como supuestamente insolvente. Estas acciones, subrayó, representan un riesgo directo y sistemático para la estabilidad financiera del país, razón por la cual el tema es considerado un asunto de seguridad nacional.

El jurista aclaró que existe una diferencia sustancial entre denunciar irregularidades reales y cometer un delito mediante la difusión de información falsa. Señaló que los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamaciones formales ante el Departamento de Protección al Usuario del Sistema Financiero (ProUsuario), así como de expresar inconformidades en las redes sociales, cuando existan pruebas de fraudes bancarios, robos de fondos o irregularidades cometidas con la complicidad de empleados o departamentos de seguridad de una entidad financiera.

No obstante, enfatizó que es completamente distinto, y jurídicamente reprochable, afirmar sin fundamento que un banco está quebrado o llamar públicamente a otros ahorrantes a retirar su dinero. Este último comportamiento, precisó, constituye un delito de acción pública de extrema gravedad, por el impacto que puede generar en la confianza del sistema financiero.

Peralta explicó que, una vez la Dirección Nacional de Investigaciones logre identificar a las personas que aparecen en los videos o publicaciones difundiendo rumores falsos y promoviendo campañas difamatorias contra el Banco de Reservas, estas podrán ser arrestadas y sometidas a la justicia. Indicó que, debido a la gravedad del delito, los tribunales podrían imponer medidas de coerción estrictas.

Entre las posibles medidas mencionó la prisión preventiva, el arresto domiciliario, el pago de fianza, el impedimento de salida del país y hasta la colocación de un grillete electrónico. Además, advirtió que las reformas y disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal Penal no necesariamente favorecerían a los imputados en este tipo de casos, ya que incluyen condiciones más severas en materia de medidas de coerción, como contratos de fianza más estrictos.

El abogado también señaló que, además del proceso penal impulsado por el Ministerio Público, los imputados podrían enfrentar acciones civiles por parte del Banco de Reservas. Estas demandas podrían incluir reclamaciones por daños y perjuicios, con consecuencias legales directas sobre el patrimonio y los bienes de los acusados.

Finalmente, Peralta reiteró su llamado a la prudencia y a la responsabilidad en el uso de las redes sociales, exhortando a la ciudadanía a no sumarse a la difusión de informaciones falsas que puedan afectar la estabilidad económica del país y poner en riesgo su propia libertad y patrimonio.