Abogados de Gonzalo Castillo denuncian beneficios ilegales en el Caso Calamar
Santo Domingo, 13 de junio – La abogada Laura Acosta Lora, miembro del equipo legal que representa al exministro y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, ha declarado que dos empresarios que acordaron con el Ministerio Público un criterio de oportunidad se llevarán 7,615 millones de pesos del Estado dominicano.
Acosta Lora adelantó que recurrirán la decisión de la jueza que conoce el expediente de corrupción por excluir a esa defensa de la audiencia de homologación del acuerdo, calificándola de ilegal.
Acosta Lora, junto con su compañero Luis Rivas, también abogado de Castillo, insiste en que las negociaciones de los seis imputados con el órgano acusador se llevaron a cabo de manera clandestina, a diferencia de otros expedientes recientes que se realizaron durante las vistas públicas.
Mencionó específicamente a Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y José Arturo Ureña, quienes se beneficiarán con 7,615 millones de pesos como parte de estos acuerdos, sin ser perseguidos penalmente.
«El señor Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña tienen una empresa llamada Trossachs Enterprises que, según la medida de coerción, se apropió de 7,615 millones de pesos a través del reconocimiento de deudas y expropiaciones, y ahora son beneficiarios con el criterio de oportunidad», afirmó Acosta Lora.
Agregó que Trossachs Enterprises, así como otras compañías asociadas a estos empresarios, no están imputadas ni mencionadas en ningún acuerdo.
La divergencia entre el Ministerio Público y los querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por los seis imputados llevó al aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza Altagracia Ramírez.
La nueva fecha para la vista se prorrogó para el 25 de julio, después de que se entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución indicando que no tenían calidad para participar en la audiencia.
Los beneficiados, de ser acogida la petición del Ministerio Público, serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, es parte de la supuesta red que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano y a varias familias con más de 41 millones de pesos. También están acusados en la alegada trama los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.
