Abogados denuncian a fiscal por abuso de autoridad, detención y encierro ilegal

Santo Domingo, 20 de enero de 2025 – Los abogados Yoni Roberto Carpio y Edward Alejandro Morel de la Rosa presentaron una querella ante el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En el documento acusan a la fiscal Esther Sánchez de Jesús, de la Fiscalía Comunitaria de los sectores Ensanche Capotillo, Simón Bolívar y Ensanche Luperón, de múltiples delitos, incluyendo abuso de autoridad, detención y encierro ilegal, usurpación de título, prevaricación, y atentado a la libertad.

La querella incluye una solicitud de medidas de coerción y una demanda por daños y perjuicios, en base a las violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución de la República y otras normativas legales.

El incidente ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando los abogados se presentaron en la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Capotillo para indagar sobre la detención de la señora Dominga Rosa Valdez, quien estaba privada de libertad sin una orden judicial.

Según los denunciantes, Valdez estaba siendo utilizada como rehén para presionar la entrega de su hijastro, requerido por un supuesto caso de violencia de género. Los abogados argumentaron que Valdez no tenía relación alguna con el hecho y que su detención era ilegal.

fiscal Esther Sanchez de Jesus

Durante el reclamo, la fiscal Sánchez de Jesús reaccionó de manera agresiva, amenazando con arrestar a los abogados por supuestamente obstruir una investigación. Posteriormente, ordenó que ambos fueran detenidos y trasladados al destacamento de Villas Agrícolas, donde permanecieron encerrados junto a otros presos bajo instrucciones de no liberarlos hasta que fueran «requeridos nuevamente».

La querella está respaldada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados. Los representantes legales incluyen a los togados Lic. César Amadeo Peralta, Dr. Pablo Arredondo Germán y Dr. Félix Damián Olivares. Estas organizaciones exhortan a la comunidad jurídica a tomar acciones legales contra cualquier abuso de poder que enfrenten en el ejercicio de sus funciones.

La acción de la fiscal viola varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellos los relacionados con detención ilegal y abuso de autoridad. También transgrede disposiciones de la Constitución que garantizan derechos fundamentales como la libertad, igualdad, dignidad humana, y debido proceso, además de normativas del Ministerio Público y leyes sobre procedimientos administrativos.

Los abogados afectados solicitan a las autoridades judiciales actuar de manera contundente para garantizar que este tipo de abusos no se repitan y para preservar el respeto al Estado de derecho.

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