Académicos señalan múltiples deficiencias en la Ley 1-24 que establece la DNI
Santo Domingo, 25 de enero – Cuatro abogados y una periodista expresaron críticas contundentes hacia la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las objeciones se centran tanto en la forma en que fue aprobada como en el contenido de sus artículos, considerados contrarios a la Constitución.
En un conversatorio organizado por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se evaluaron aspectos como la aprobación legislativa, las amplias atribuciones otorgadas a la DNI y las ambigüedades jurídicas. También se señaló la falta de requisitos mínimos para quienes sean designados por el presidente de la República para dirigir un organismo de esta naturaleza.
El panel de discusión estuvo conformado por la periodista y conductora del programa «El Día», Edith Febles; los abogados especialistas en Derecho Constitucional, Ricardo Rojas León y Francisco Franco; y el abogado especializado en Derecho Procesal Penal, Francisco Álvarez Martínez. La moderación estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Francisco Álvarez Martínez destacó que la ley, aunque aparentemente necesaria por un mandato constitucional, no cumple con las expectativas. Hizo hincapié en los artículos 9, 11, 26 y 30, señalando problemas específicos en cada uno de ellos. El artículo 9 establece las atribuciones de la DNI; el artículo 11 obliga a entregar información sin orden judicial; el artículo 26 impone penas por ocultar información requerida por la DNI; y el artículo 30 permite actividades de inteligencia y contrainteligencia sin definir límites claros.
Por su parte, Francisco Franco criticó que la Constitución encomienda al Ministerio Público la persecución de las infracciones penales, una obligación constitucional exclusiva de este órgano. También cuestionó la falta de definición en términos de aplicación y la ambigüedad del documento al no establecer casos específicos que justifiquen la intervención de la DNI.
Ricardo Rojas León expresó preocupación por la sobrecarga de funciones del director de la DNI, quien también sería asesor del presidente en diversas áreas, como seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera. Se preguntó sobre la idoneidad de la DNI para presentar planes y programas en estas materias, considerando que existen entes públicos especializados.
La periodista Edith Febles proporcionó contexto sobre los eventos en el Congreso durante la aprobación de la ley. Destacó la eliminación, sin discusión en pleno, de la frase que exigía la autorización de un juez para la entrega de información a la DNI, contenida en el artículo 11. Febles instó a recuperar el Congreso Nacional como espacio de debate y discusión para evitar estas situaciones.
