Acusación del Ministerio Público revela alegada estafa multimillonaria en Caso Calamar

Santo Domingo, 15 mayo – El Ministerio Público presentó una acusación que señala a prominentes exministros, entre ellos José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, como los principales involucrados en el caso Calamar. Según esta acusación, se utilizaron seis instituciones públicas y el Banco de Reservas para estafar al Estado dominicano con más de 21 mil millones de pesos.

La investigación detalla alrededor de 21 estrategias empleadas por este presunto «holding criminal» para llevar a cabo la supuesta estafa. Utilizando un organigrama que abarcaba el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, se habría perpetrado el desfalco.

El presunto esquema de corrupción habría incluido la creación de un «Programa de financiamiento de contratistas», que resultó en pagos que superaron los 21 mil millones de pesos, utilizados para lo que se describe como una «mega operación de lavado de activos». Se afirma que los implicados falsificaron documentos y manipularon contratos para obtener estos fondos de manera irregular.

La acusación también menciona la coerción a empresarios para ceder parte de sus contratos bajo amenaza de perder proveeduría estatal, así como la adulteración de registros y fechas de contratos para facilitar el lavado de activos a través de empresas receptoras de fondos públicos. Además, se les imputa haber obtenido préstamos y líneas de crédito sin garantías adecuadas, llegando a montos que exceden los 45 mil millones de dólares.

Se destaca también la falsificación de declaraciones juradas de bienes para ocultar los fondos ilícitos obtenidos. La acusación señala que se crearon necesidades ficticias para justificar la obtención de fondos, utilizando bienes declarados de utilidad pública para erogar fondos estatales de manera fraudulenta, en beneficio económico de los funcionarios públicos y particulares involucrados en la presunta red criminal.

Asimismo, se establece que los titulares de ministerios y direcciones generales eran requeridos para autorizar pagos fraudulentos, lo que evidencia, según la acusación, la complicidad de altos funcionarios en la supuesta trama de corrupción. Este caso representa un golpe significativo en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, y su desenlace será seguido de cerca por la ciudadanía y la comunidad internacional.

La acusación del Ministerio Público no solo se limita a los exministros principales, sino que también implica a una estructura compleja de funcionarios públicos de diversos niveles y técnicos dentro de las instituciones utilizadas en la presunta trama delictiva. Según la investigación, esta red se habría coaligado para beneficiarse personalmente y favorecer a terceros, operando como una suerte de «diplomacia paralela» dentro de las instituciones estatales.

Se señala la participación de profesionales del sector privado en la manipulación de procesos judiciales y administrativos, especialmente en lo concerniente a la determinación irregular de herederos, con el propósito de excluir legítimos beneficiarios y vulnerar sus derechos fundamentales.

Además de realizar pagos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos, el grupo habría desviado fondos destinados a expropiaciones de terrenos sin verificar previamente la legitimidad de los reclamantes. Se menciona la simulación de deudas, tramitadas con la colaboración de funcionarios corruptos, sin justificación alguna.

Según la acusación, el 80% de los montos pagados por deudas administrativas a través de estas maniobras fraudulentas terminaron en manos de las mismas personas y entidades involucradas en la red de corrupción. Se utilizaron empresas ficticias para recibir estos fondos públicos, las cuales fueron disueltas inmediatamente después de haberlos obtenido, dejando un grave perjuicio económico al Estado dominicano.

Entre los implicados adicionales se encuentran el excontralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el abogado Ángel Lockward; Marcial Reyes; Rafael Calderón Martínez; Claudio Silver; Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández.

También figuran en la lista Aldo Antonio Gerbasi Fernández; Princesa García Medina; Alejandro Constanzo; Ana Linda Fernández de Paola; Emir Fernández de Paula; Julián Omar Fernández; Oscar Arturo Chalas; Rafael Parmenio Rodríguez; Omar Manuel Miqui; Rosa Arias; Agustín Mejía Ávila.

Igualmente, se mencionan a Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil y Daniel Guerrero como involucrados en esta compleja red de corrupción que ha conmocionado a la sociedad dominicana.