Adán Cáceres alega problemas de salud en fase final del juicio por corrupción; Ministerio Público cuestiona licencia médica
SANTO DOMINGO, 28 oct. – En la etapa final del juicio por corrupción administrativa derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre ha alegado problemas de salud como motivo para aplazar nuevamente el proceso judicial, lo que el Ministerio Público considera una táctica dilatoria para evitar que se dicte sentencia.
El Ministerio Público informó este lunes que la defensa del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) busca que su caso sea separado del expediente principal, justo cuando solo resta que las defensas presenten sus conclusiones y las demás partes repliquen.
La audiencia programada para este lunes, en la que se preveía finalizar la incorporación de pruebas por parte de los abogados de los coimputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue pospuesta por una licencia médica de 45 días presentada por Cáceres Silvestre.
Sin embargo, el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que la licencia no incluyó historial clínico ni especificó el procedimiento médico que justifica el largo período de reposo.
Por ello, el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la conformación de una junta médica para verificar la veracidad de la condición alegada por el imputado.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre y exigió a la defensa que remita la documentación médica al Ministerio Público.
Desde el 29 de agosto pasado, la Pepca finalizó la presentación de más de 2,900 pruebas contra los imputados, incluyendo a los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou.
Las evidencias abarcan 2,201 documentos, 141 peritajes, 282 testimonios, 184 pruebas procesales y 104 materiales, entre las que figuran armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y sumas en efectivo.
También se han identificado 214 propiedades en distintas provincias, 86 vehículos de alta gama, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola superiores a los RD$86 millones, montos que el Estado reclama recuperar.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que entre 2012 y 2020 sustrajo más de RD$4,500 millones de fondos públicos, incluyendo recursos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
