Adios al socialismo: Gobierno cubano impone pago de viviendas estatales con hasta el 20 % del salario por 30 años
La Habana, Cuba, 7 Feb. – El Gobierno de Cuba oficializó una nueva medida que permitirá descontar hasta el 20 % del salario mensual a los ciudadanos beneficiados con viviendas asignadas por el Estado, según establece un acuerdo del Consejo de Ministros publicado el martes 4 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial.
La disposición fue aprobada el 14 de marzo de 2025, pero entra en vigor casi un año después, en medio de una grave crisis habitacional que afecta a miles de familias que viven entre derrumbes, albergues improvisados y casas en ruinas.
La normativa indica que las viviendas construidas por el Estado o las que estén disponibles a nivel municipal podrán asignarse bajo tres modalidades: propiedad, arrendamiento o usufructo. La decisión dependerá de la capacidad de pago del beneficiario y el orden de prioridad establecido por las autoridades.
Para quienes reciban la vivienda bajo la figura de propiedad, el acuerdo autoriza que el pago se realice en cuotas mensuales que no excedan el 20 % del ingreso del titular, con un plazo de amortización que puede extenderse hasta 30 años, en función de la edad y situación económica del beneficiario.
Se permitirá realizar pagos adelantados, pero si se incumple sin justificación, se aplicarán las sanciones previstas en la legislación vigente, incluyendo la posible pérdida del derecho sobre la vivienda.
En los casos donde los ingresos sean bajos y el descuento del 20 % no sea viable sin afectar necesidades básicas, el Estado ofrecerá la opción de arrendamiento con pagos reducidos al 10 % del salario. Si el beneficiario no puede asumir ninguna deducción, se le podrá asignar la vivienda en usufructo, una figura que no confiere propiedad sobre el inmueble.
La norma también contempla que los beneficiarios en condición de usufructo o arrendamiento puedan solicitar un cambio de estatus si mejoran sus ingresos, pasando a ser propietarios y descontándose lo ya abonado en su nuevo esquema de pago.
La medida se publica en un contexto de deterioro estructural del fondo habitacional cubano. Diversas estimaciones indican que el país enfrenta un déficit cercano al millón de viviendas, con cientos de miles de hogares pendientes de construcción o rehabilitación, mientras los derrumbes se han vuelto frecuentes, especialmente en La Habana.
Desde 2019, el Consejo de Ministros había establecido que el precio de transferencia de las viviendas estatales debía calcularse en función del costo presupuestado de construcción. Además, se priorizaba la asignación a damnificados, casos sociales y familias vulnerables. No obstante, la realidad ha sido marcada por largas listas de espera, lentitud burocrática y falta crónica de recursos materiales.
El nuevo acuerdo también enlaza con normativas previas sobre viviendas vinculadas a centros laborales estatales, que podían transferirse a los arrendatarios tras cumplir con requisitos y realizar pagos mensuales durante 15 años. En estos casos, se exige el pago de 180 mensualidades, además de cumplir con condiciones laborales y legales.
Ahora, con la ampliación del marco legal, el Gobierno extiende los plazos hasta 30 años para otras viviendas estatales, una medida que muchos interpretan como una carga financiera considerable, dada la precariedad salarial en la isla. Para una gran parte de la población, destinar el 20 % del salario a la vivienda puede significar un golpe insostenible, en un entorno de inflación, escasez y encarecimiento de productos básicos.
Aunque el anuncio se presenta como una forma de facilitar el acceso a la vivienda, reabre un debate fundamental en Cuba: ¿quién puede realmente costear una casa estatal con un salario en pesos cubanos? Y más aún, ¿cuántas personas podrán esperar tres décadas para que la vivienda que habitan sea legalmente suya?
