Adocco acusa a Milagros Ortiz Bosch de amenazas y prevaricación; la funcionaria responde señalando rol de la Cámara de Cuentas
Santo Domingo, 18 sept. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó este miércoles lo que definió como supuestas amenazas de la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, de someter a su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, a la justicia por alegada difamación.
La organización reiteró además su denuncia de que la funcionaria incurrió en prevaricación al archivar un expediente relacionado con el exministro de Educación, Ángel Hernández, acusado de omitir bienes en su Declaración Jurada de Patrimonio.
En un comunicado, Adocco sostuvo que la reacción de Ortiz Bosch constituye un intento de frenar las denuncias de corrupción que la entidad ha venido realizando en distintos ámbitos de la administración pública.
“Con la amenaza se pretende detener las denuncias de corrupción que la organización viene realizando”, señaló la institución. Asimismo, informó que ha iniciado gestiones para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que las acciones de la titular de Ética e Integridad vulneran derechos fundamentales vinculados a la libertad de expresión y al activismo cívico.
La DIGEIG respondió con un documento en el que Ortiz Bosch explicó el curso de la denuncia presentada por Adocco. Según relató, el 2 de octubre de 2023 llegó a esa institución la denuncia No. D23-0080, interpuesta por De la Rosa Tiburcio, en la que se alegaba que el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, había omitido activos pertenecientes a una empresa familiar en su Declaración Jurada de Patrimonio.
La funcionaria precisó que la investigación fue realizada en el plazo correspondiente y que el 30 de octubre de 2023 la DIGEIG concluyó su labor, elaborando un informe que posteriormente fue remitido y entregado al denunciante el 1 de noviembre del mismo año, con acuse de recibo firmado por Adocco. Ortiz Bosch subrayó que en todo momento el proceso se condujo conforme a lo establecido en la normativa vigente.
En su respuesta, Ortiz Bosch recordó que la aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio no corresponde a la DIGEIG, sino a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como órgano constitucional encargado del control, fiscalización y adopción de medidas frente a incumplimientos en estas declaraciones. “Resulta llamativo el olvido del presidente de Adocco respecto al papel rector de la Cámara de Cuentas en la aplicación de la Ley No. 311-14”, puntualizó la funcionaria.
La DIGEIG también explicó que, aunque en efecto la primera declaración de Ángel Hernández fue presentada de forma extemporánea y con omisiones, durante la investigación el funcionario presentó una declaración rectificativa que fue acogida y validada por la Cámara de Cuentas, lo que, a juicio de la Dirección de Ética, dejó sin objeto legal la denuncia original.
Ortiz Bosch enfatizó que la decisión de archivar el caso no obedeció a criterios discrecionales, sino al reconocimiento de que el órgano competente —la Cámara de Cuentas— ya había dado por válida la corrección realizada por Hernández. En consecuencia, afirmó que la DIGEIG no tenía facultad para proceder más allá de lo que la ley dispone en materia de patrimonio de los funcionarios públicos.
