ADOJUPA advierte sobre amenazas y exige garantías de seguridad para jueces dominicanos
Santo Domingo, 13 de mayo de 2025 — La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (ADOJUPA) alertó este lunes sobre una situación de grave riesgo que afecta a jueces y otros servidores del sistema judicial del país, debido a la presencia de usuarios armados en salas de audiencia que utilizan sus armas para intimidar y amenazar.
En un comunicado emitido por su junta directiva, ADOJUPA citó como ejemplo reciente el caso de la jueza Alejandra Reyes Custodio, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, quien fue objeto de amenazas públicas tanto ella como su familia por parte de una usuaria.
El hecho, ampliamente divulgado por medios de comunicación, ocurrió en presencia de autoridades del Poder Judicial, lo que ha generado una profunda preocupación en el gremio.
La asociación subrayó que la seguridad e integridad física de jueces y juezas es un elemento clave para la preservación del Estado de Derecho y la administración de justicia en condiciones de independencia. “Nuestra labor, que implica decidir en aplicación de la Constitución y las leyes, nos expone de manera constante a ataques y amenazas personales”, expone el comunicado.
ADOJUPA recordó que la función judicial requiere imparcialidad, valentía y apego al marco legal, lo cual muchas veces implica tomar decisiones impopulares que pueden generar reacciones agresivas. “Resolver conflictos no es una tarea sencilla; no se puede ceder ante presiones populistas ni ante el juicio mediático”, añade el gremio.
En ese contexto, resaltaron que desde hace más de dos décadas, el legislador dominicano estableció que todos los jueces del orden judicial tienen derecho a que el Estado les proporcione un arma de cualquier calibre para su defensa personal, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial. Esta normativa también contempla la asignación de custodia permanente para ellos y sus familias.
No obstante, ADOJUPA denunció que tales disposiciones no se están aplicando de manera efectiva. A pesar de múltiples solicitudes realizadas por jueces de forma individual y por el gremio de manera institucional, no han recibido respuestas de las autoridades competentes.
“La seguridad de jueces y juezas debe ser una prioridad permanente, no una reacción posterior a una tragedia anunciada”, enfatizó la asociación, que instó al Poder Judicial a ejecutar con urgencia las medidas previstas en la ley para proteger a quienes administran justicia.
El gremio concluyó haciendo un llamado firme y directo a los órganos del Estado para que asuman su responsabilidad, dotando a los jueces de las herramientas y recursos necesarios para garantizar su integridad, y con ello, asegurar el funcionamiento de un sistema judicial confiable y seguro para todos.
