ADP denuncia incumplimiento de sentencia judicial por parte del MINERD en Azua
Santo Domingo, 8 mayo.– El consultor jurídico de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), doctor John Bello, denunció este jueves que el Ministerio de Educación (MINERD) no ha cumplido con la sentencia emitida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Azua, la cual ordena el nombramiento inmediato de las plazas vacantes en el nivel primario del Centro Educativo Ángel Bienvenido Jiménez.
El jurista se expresó en estos términos durante una intervención telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, donde explicó que la referida sentencia establece de manera inequívoca la obligación del MINERD de garantizar el derecho a una educación de calidad para los niños y niñas de esta comunidad, obligación que, según afirmó, no ha sido respetada por las autoridades educativas.
Asimismo, el doctor Bello advirtió que la situación en varias escuelas del Distrito Educativo 03-01 de Azua sigue siendo crítica, debido a la falta de agua en los baños, grietas en las paredes y techos en avanzado estado de deterioro, lo que representa un grave riesgo para la salud y la seguridad de los estudiantes y maestros.
“La sentencia número 0478-2025-SSEN-00022, de fecha 24 de febrero 2025, establece claramente la responsabilidad del Ministerio de Educación de nombrar al personal docente necesario y de garantizar condiciones mínimas de infraestructura en los planteles escolares”, puntualizó el jurista.
Agregó que la seccional de la ADP en Azua cumplió con el mandato del tribunal de suspender el paro docente que se mantenía en ese momento, en espera del cumplimiento de la decisión judicial por parte del MINERD.
“El Ministerio tiene el deber de mantener las escuelas públicas en óptimas condiciones, como si se tratara de un colegio privado. Además, está en la obligación de nombrar a todos los docentes faltantes en los centros educativos de Azua, conforme lo ordenado por la jueza”, subrayó Bello.
El consultor jurídico reiteró que la ADP ha hecho valer el derecho a la salud y a la vida de los estudiantes, ya que las condiciones actuales de infraestructura escolar, como techos colapsando, paredes agrietadas, falta de agua para la higiene y ausencia de personal de seguridad, ponen en peligro a la población estudiantil.
