Adriano Espaillat denuncia separación de familias y abusos en centros de detención migratoria

Nueva York, 29 de mayo. – El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, expresó su profunda preocupación por el arresto y deportación de inmigrantes sin antecedentes penales, así como por las graves consecuencias que estas acciones tienen en la separación de familias, muchas de ellas compuestas por ciudadanos estadounidenses.

Las declaraciones de Espaillat se produjeron tras una visita de supervisión al Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey, acompañado de la congresista Nydia Velázquez.

Durante el recorrido de dos horas, los legisladores inspeccionaron áreas clave como la cocina, el comedor, la enfermería, las celdas de aislamiento y las zonas de detención separadas por género, en una instalación operada por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque reconoció que “la instalación se veía limpia y en condiciones aceptables”, Espaillat subrayó que lo más impactante fueron los testimonios de más de veinte personas detenidas, incluidas madres separadas de sus hijos.

“La gran mayoría no eran personas con antecedentes violentos”, recalcó. “Eran padres, madres, trabajadores, vecinos. Muchos de ellos acudieron voluntariamente a sus citas con ICE o con los tribunales y, aun así, fueron detenidos repentinamente. Ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados lejos de sus familias, que incluyen ciudadanos estadounidenses”.

Espaillat y Velázquez denunciaron la naturaleza injusta de un sistema que afecta incluso a residentes legales y ciudadanos, fracturando familias y debilitando comunidades. “Este sistema está creando una dependencia innecesaria del aparato gubernamental”, advirtió Espaillat, quien ha sido crítico de las políticas migratorias implementadas bajo la administración del expresidente Donald Trump.

La visita al centro ocurre en un contexto político especialmente tenso. El pasado 1 de mayo, el gobierno republicano reabrió un centro de detención cerca del aeropuerto internacional de Newark, con capacidad para mil personas.

Según ICE, la reapertura busca “agilizar la logística” de detención y deportación en el noreste del país, en medio de frustraciones oficiales por el ritmo de los arrestos migratorios.

Pero el clima se tensó aún más tras los incidentes ocurridos durante una inspección congresual el 9 de mayo. La congresista demócrata LaMonica McIver fue formalmente acusada por el Departamento de Justicia de “agredir, obstaculizar e interferir con la aplicación de la ley” tras un enfrentamiento con agentes federales. McIver participaba en una inspección junto a otros legisladores, motivada por denuncias de violaciones a los derechos humanos en las instalaciones.

Ese mismo día, el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado brevemente al intentar sumarse a la delegación sin autorización. Aunque los cargos de allanamiento fueron retirados después, Baraka denunció que su detención tuvo un “objetivo político”, alegando que fue esposado pese a obedecer la orden de retirarse.

Las tensiones escalaron cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en el Capitolio que los congresistas involucrados “no merecen estar en la Cámara”. La fiscal federal Alina Habba, conocida por haber representado previamente a Trump, defendió los cargos contra McIver afirmando que “nadie está por encima de la ley”.

Sin embargo, los incidentes han desatado fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles, reavivando el debate sobre el uso de instalaciones privadas como centros de detención y su papel como escenario de choques entre autoridades locales, federales y representantes electos.

“Nuestro compromiso es claro”, concluyó Espaillat. “Continuaremos elevando las voces de los más vulnerables y luchando por un sistema migratorio justo, que respete los derechos humanos y la dignidad de cada persona”.