Alertan sobre los riesgos de la sentencia del Tribunal Constitucional que facilita candidaturas independientes

Santo Domingo, 17 de diciembre – El matutino El Caribe alertó sobre los riesgos e implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que elimina los requisitos para que organizaciones sociales presenten candidaturas independientes a cargos electivos, desde la presidencia de la República hasta vocal de distrito.

El fallo, aunque promueve la participación electoral más allá de los partidos políticos tradicionales, plantea serias amenazas para la estabilidad del sistema democrático y electoral dominicano.

Según lo publicado por El Caribe, esta decisión podría abrir la puerta al avance de candidatos sin trayectoria política ni filtros institucionales, lo que facilitaría discursos populistas e incluso el financiamiento de proyectos políticos con dinero procedente del crimen organizado, como el narcotráfico.

La sentencia representa un cambio significativo en las reglas del juego político del país, al establecer que las candidaturas independientes no necesitan el respaldo de los partidos políticos establecidos. Esto supone un desafío directo para el sistema de partidos, que durante décadas ha sido un pilar fundamental del proceso electoral dominicano, y también pone a prueba a la Junta Central Electoral (JCE), encargada de organizar los comicios.

El diario El Caribe destaca que esta apertura para candidaturas independientes podría llevar a figuras carentes de una trayectoria política sólida a postularse para cargos de alto nivel, como la presidencia de la República, sin ningún tipo de supervisión previa.

De acuerdo con un estudio de cultura política presentado este año por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el 32.7% de la población dominicana es indiferente a la democracia, con una apatía más marcada en el segmento joven, de entre 18 y 44 años.

Dicho estudio también revela que el 64% de los dominicanos está poco satisfecho con el modelo democrático actual, mientras que apenas un 30% expresó satisfacción con el sistema.

Este desencanto generalizado con la democracia, combinado con la polarización entre sectores extremadamente insatisfechos, podría dar lugar a la proliferación de figuras populistas con discursos antipartidos, como ha ocurrido en otros países donde la ciudadanía ha manifestado un rechazo hacia los partidos tradicionales.

Otro punto crítico que plantea la sentencia es el riesgo de que las candidaturas independientes sean financiadas con recursos de origen ilícito. A diferencia de los partidos políticos, que reciben fondos estatales y están sujetos a controles de financiamiento, las organizaciones independientes no contarían con ese apoyo financiero del Estado ni con regulaciones estrictas.

En elecciones anteriores, como las de 2020, se dieron casos de candidatos que resultaron electos y posteriormente fueron acusados de vínculos con el crimen organizado y lavado de activos. Al menos tres diputados enfrentaron estas acusaciones tras resultar entre los más votados en sus respectivas demarcaciones, lo que subraya el riesgo de permitir postulaciones sin mecanismos de control adecuados.

El costo de las campañas políticas en República Dominicana es uno de los principales problemas del sistema electoral. La posibilidad de un número indefinido de candidaturas independientes complicaría aún más el panorama, incrementando los gastos logísticos y organizativos de las elecciones.

Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), criticó la sentencia del Tribunal Constitucional y calificó la medida como una amenaza al sistema de partidos. “Es una anarquía lo que se pretende hacer”, afirmó Perdomo, al referirse a la dificultad de manejar miles de candidaturas sin un marco de control claro.

En ese sentido, El Caribe advierte que la Junta Central Electoral (JCE) se enfrentaría a un desafío sin precedentes en la historia electoral del país. La multiplicación descontrolada de candidaturas independientes no solo encarecería significativamente el proceso electoral, sino que también dificultaría la logística necesaria para el montaje de las elecciones.

La sentencia del Tribunal Constitucional, aunque abre un espacio para una mayor participación ciudadana, también genera preocupaciones sobre cómo garantizar que las candidaturas independientes sean sostenibles, transparentes y alineadas con los principios democráticos.

La falta de regulación y supervisión podría permitir la infiltración de sectores vinculados a actividades ilícitas, lo que pondría en peligro la legitimidad de los procesos electorales.

La posibilidad de que candidaturas sin control proliferen no solo afecta la estabilidad de los partidos políticos, sino que también podría comprometer la integridad del proceso electoral, abriendo espacio para actores populistas y financiados por recursos de origen cuestionable.

Ante esta situación, la atención se centra en las acciones que tomará la Junta Central Electoral para responder a este escenario inédito y en el impacto que tendrá esta decisión en las elecciones futuras.

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