Altos costos laborales no salariales impulsan la informalidad y debilitan el sistema de pensiones en República Dominicana

Por Manuel Jiménez

Santo Domingo, 9 mayo. – La informalidad continúa siendo una característica dominante del mercado laboral dominicano. De acuerdo con datos analizados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), en los últimos cinco años, la tasa de informalidad ha promediado un alarmante 56.6% del total de ocupados.

En términos prácticos, esto significa que por cada 10 personas que trabajan en el país, seis lo hacen al margen del sistema legal vigente, sin acceso pleno a derechos laborales, seguridad social ni protección institucional.

Según el CREES, la informalidad no debe verse como el problema en sí mismo, sino como un síntoma de un sistema económico que penaliza la formalización. Las barreras regulatorias y los altos costos vinculados al cumplimiento de las leyes laborales hacen que, tanto para el empleador como para el empleado, operar dentro de la legalidad resulte más costoso que los beneficios que se derivarían de la formalidad, destaca la institución de investigación y análisis económico.

Esta percepción, agrega, sustentada por la estructura legal actual, es lo que perpetúa el crecimiento de la informalidad en el país.

Los costos laborales no salariales son una carga significativa para las empresas que deciden operar formalmente, y esto ha sido reiterado por CREES en múltiples estudios.

Destaca que estos costos abarcan contribuciones obligatorias a la seguridad social, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el salario número trece, vacaciones pagadas y otros beneficios estipulados por ley.

En su conjunto, estos elementos representan entre el 29.3% y el 31.1% del salario anual de un trabajador formal, un porcentaje que resulta disuasivo especialmente para pequeñas y medianas empresas, apunta el CREES.

CREES advierte que la legislación dominicana también impone una obligación adicional: las empresas deben distribuir al menos el 10% de sus beneficios netos entre sus empleados.

Esta disposición legal, advierte, aunque busca proteger al trabajador, eleva los costos laborales no salariales a niveles aún más altos, situándose entre el 45.0% y el 52.1% del salario anual, según cálculos recientes del centro de pensamiento económico.

Un aspecto especialmente preocupante señalado por CREES es el elevado costo que representa la cesantía. Cuando una empresa se ve en la necesidad de despedir a un trabajador con un año de servicio, el costo laboral no salarial asciende a 54.48%.

Si ese trabajador ha permanecido en la empresa durante 20 años, el pasivo contingente puede llegar a representar hasta un 222.8% del salario anual en el último año de servicio, lo cual constituye un peso financiero muy difícil de asumir para muchas compañíasde acuerdo a lo que publica CREES en su portal digital.

Este tipo de obligaciones actúan como desincentivos claros a la contratación formal, explica CREES. La cesantía, además de ser un pasivo contingente imprevisible, representa una fuente de incertidumbre financiera que limita la capacidad de planificación empresarial.

Pese a que dos legislaciones —la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social y la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo— han intentado reformar este esquema, el problema de fondo persiste sin solución definitiva.

La consecuencia directa de esta estructura laboral desfavorable es el debilitamiento de otros pilares del sistema económico, como el sistema de pensiones. CREES subraya que en marzo de 2025 apenas el 41.6% de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) realizaban cotizaciones activas a sus cuentas de capitalización individual. Esta cifra evidencia la correlación entre informalidad laboral y baja densidad de cotización, un fenómeno que compromete seriamente la sostenibilidad del régimen previsional.

Además, CREES destaca que el impacto de la pandemia de COVID-19 agudizó esta situación. Durante ese período, la cantidad de empleados cotizantes se redujo en un 26.4%, producto de un aumento en la informalidad y el desempleo.

En el primer trimestre de 2021, la tasa combinada de desempleo ampliado y subempleo fue de 19.6%, mientras que la ocupación informal se elevó al 57.7%, según datos del Banco Central recopilados por CREES.

A pesar de una leve recuperación entre julio de 2020 y mayo de 2023 —cuando el número de cotizantes creció a un ritmo mensual promedio de 1.2%—, el crecimiento ha sido más moderado desde entonces, con una tasa mensual promedio de solo 0.2%, apunta CREES.

Este estancamiento refuerza la necesidad urgente de reformas estructurales que favorezcan la formalización laboral y, por ende, la estabilidad del sistema de pensiones.

Frente a este panorama, CREES recomienda que las políticas públicas se enfoquen en eliminar los obstáculos que dificultan la formalización. Esto implica revisar y reformar los esquemas tributarios, laborales y regulatorios que incrementan los costos de operar dentro del sistema legal. Solo a través de un entorno regulatorio más amigable y predecible se podrá incentivar la contratación formal y fortalecer el mercado laboral.

Finalmente, CREES insiste en que, en lugar de continuar expandiendo las cargas sobre el sistema formal, el enfoque debe ser generar las condiciones para que más personas y empresas opten voluntariamente por integrarse a él.

La informalidad es una respuesta racional de los agentes económicos a un sistema que actualmente penaliza el cumplimiento. Reformarlo no solo impulsaría la productividad y la competitividad, sino que también garantizaría mejores condiciones de seguridad social para toda la población, aconseja el CREES