Análisis de la división territorial en República Dominicana: Un Debate sobre la eficiencia y el clientelismo político
Santo Domingo, 4 septiembre – La división territorial de la República Dominicana, basada en los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (2022), revela que el 62.59 % de las demarcaciones municipales no cumple con los requisitos mínimos de población establecidos para mantener su categoría político-administrativa actual. Este hallazgo ha reavivado un debate sobre la eficiencia de los gobiernos locales y las motivaciones detrás de la creación de nuevas demarcaciones.
El tamaño y número de los gobiernos locales en el país generan posturas encontradas. Por un lado, algunos sectores ven la proliferación de municipios y distritos municipales como una forma de garantizar servicios más especializados y cercanos a la población.
Por otro lado, críticos argumentan que muchas de estas demarcaciones se han creado más por intereses políticos que por necesidades reales, lo que ha resultado en un aumento innecesario de la nómina estatal.
Antes de 2007, no existía un criterio poblacional mínimo para la creación de nuevas demarcaciones territoriales en el país. La Ley 3455 del 1952 regulaba la creación, supresión y modificación de municipios y distritos municipales, pero no establecía requisitos específicos en cuanto a la población.
Sin embargo, con la promulgación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se introdujo un mínimo de 15,000 habitantes para la creación de un nuevo municipio y de 10,000 para un distrito municipal, en un país con casi 11 millones de habitantes.
Actualmente, la República Dominicana está dividida en 158 municipios y 235 distritos municipales, distribuidos en 48,448 kilómetros cuadrados. Cada una de estas demarcaciones cuenta con un presupuesto particular y autonomía administrativa.
Sin embargo, solo cuatro municipios se han creado bajo las disposiciones de la Ley 176-07. El X Censo Nacional de Población y Vivienda reveló que 74 de los 158 municipios del país, equivalentes al 46.87 %, tienen una población por debajo del umbral de 15,000 habitantes.
La situación es aún más pronunciada entre los distritos municipales, donde el 73.19 % no alcanza los 10,000 residentes requeridos. En total, 172 de los 235 distritos municipales reconocidos oficialmente no cumplirían con los criterios establecidos en la ley.
A pesar de la existencia de la Ley 176-07, que actúa como un filtro para la creación de nuevas demarcaciones, algunos municipios creados después de su promulgación violaron desde el inicio los requisitos legales. Un ejemplo notable es el municipio de Baitoa, en Santiago, creado en 2013 con una población de solo 11,778 personas, muy por debajo del mínimo requerido.
La proliferación de demarcaciones municipales ha tenido un impacto significativo en las finanzas nacionales. Entre 2003 y 2006, se crearon 117 nuevos territorios, lo que representa casi un tercio de las divisiones que existen actualmente.
Según el municipalista Waldys Taveras, esta expansión descontrolada debería ser abordada por las autoridades, pero la falta de voluntad política ha impedido que se tomen medidas correctivas.
Las 246 demarcaciones municipales que no cumplen con los requisitos poblacionales actuales representan una carga financiera considerable para el Estado. En 2023, las transferencias ordinarias del Gobierno Central a estas administraciones ascendieron a 4,588,339,463 pesos. De esta cantidad, 1,965,335,728 pesos fueron asignados a los 74 municipios en cuestión, mientras que 2,623,003,734 pesos se destinaron a los 172 distritos municipales.
De acuerdo con el proyecto de transferencias ordinarias del Presupuesto General del Estado de 2025, el Poder Ejecutivo planea asignar 2,100,955,194 pesos solo a esos 74 municipios.
Taveras sostiene que la división territorial de la República Dominicana responde más a los intereses de la clase política, que busca asegurar espacios de elección y favores electorales, que a las necesidades reales de la población. Aunque el marco jurídico permite la eliminación de territorios que no cumplen con los requisitos, el clientelismo político ha impedido que se adopten decisiones en este sentido.
En contraste, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) defiende la autonomía de los gobiernos locales y se opone a la eliminación de facultades ya otorgadas. Fedomu aboga por un enfoque más cauteloso en la creación de nuevas demarcaciones, pero rechaza la idea de revertir derechos ya establecidos. Su propuesta es fortalecer los requisitos para la creación de nuevas divisiones territoriales, garantizando que se cumplan las disposiciones de la Ley 176-07.
Por su parte, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) argumenta que la creación de distritos municipales ha sido beneficiosa, ya que ha llevado la inversión pública a zonas previamente desatendidas.
Según Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim, la existencia de distritos municipales ha democratizado el presupuesto y ha fomentado el desarrollo en áreas rurales que anteriormente carecían de servicios básicos.
Richardson también señala que la creación de distritos municipales ha sido una respuesta a la falta de atención por parte de los municipios hacia las zonas rurales, lo que ha impulsado a las comunidades a buscar su propia representación y administración local.
Con datos de Diario Libre
