Apertura a juicio contra seis imputados por secuestro y lavado de activos en La Altagracia
SANTO DOMINGO, 26 marzo.– El Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia dictó auto de apertura a juicio contra seis personas acusadas de integrar una estructura criminal vinculada a secuestro, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos conexos, tras acoger en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los imputados Ambiorix Vásquez Severino, Estefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Tairi Vásquez Severino, Jhan Carlos Rivera Martínez y Ruth Delanea Severino Santana deberán responder en juicio por los hechos atribuidos, luego de que el tribunal considerara que existen pruebas suficientes para sustentar una eventual condena.
La decisión se fundamenta en la valoración de evidencias documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales presentadas por el órgano acusador, las cuales, según el tribunal, permiten establecer indicios sólidos sobre la participación de los acusados en los delitos imputados.
El proceso investigativo y la sustentación del expediente estuvieron a cargo de los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia. Ambos presentaron los elementos probatorios durante la audiencia preliminar, con el apoyo técnico de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura operaba de forma organizada, con roles definidos entre sus miembros. Parte de su modus operandi consistía en simular operativos de organismos oficiales, como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), además de utilizar testaferros para ocultar bienes adquiridos con dinero ilícito.
La investigación establece que el 4 de marzo de 2025 los imputados habrían ejecutado un secuestro utilizando vestimenta similar a la de agencias de control de drogas y portando armas largas y cortas. Bajo esta simulación, privaron de libertad a la víctima —cuyo nombre se omite por razones de protección— y la trasladaron a una zona de manglares, donde fue sometida a torturas, incluyendo descargas eléctricas.
Posteriormente, los acusados exigieron a los familiares de la víctima un rescate de 20 millones de pesos. Según el expediente, finalmente recibieron seis millones de pesos en efectivo y prendas de alto valor, equivalentes a aproximadamente 9.8 millones de pesos dominicanos, tras lo cual liberaron a la persona secuestrada.
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos fueron introducidos al sistema económico mediante la compra de vehículos, joyas y otros bienes a nombre de terceros, con el objetivo de ocultar su origen ilícito. La investigación financiera identificó el uso de testaferros, transferencias irregulares, empeño de prendas y adquisición de vehículos con placas falsas, prácticas asociadas al lavado de activos.
Para sustentar la acusación, las autoridades realizaron múltiples diligencias investigativas, operativos, análisis financieros y coordinaciones interinstitucionales que permitieron documentar el funcionamiento de la supuesta red criminal.
Las titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de La Altagracia, Ramona Nova y Claudia Garrido, respectivamente, valoraron la decisión judicial como un avance en la persecución de estructuras criminales que combinan delitos violentos con operaciones de blanqueo de capitales.
Con la emisión del auto de apertura a juicio, firmado por la jueza Alexandra Reyes Custodio, el expediente será remitido a un tribunal colegiado, donde se conocerá el juicio de fondo y el Ministerio Público buscará obtener condenas contra los acusados.
