Aprueban la extradición a EEUU de Vitaly Vanshelboim, un exdirectivo de la ONU acusado de quedarse con 60 millones

Madrid, 21 oct..- La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Estados Unidos del exdirectivo de la ONU Vitaly Vanshelboim, reclamado por apropiarse presuntamente de 60 millones de dólares a través de su cargo en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En su auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal aceptan la entrega del reclamado por dos de los cinco cargos de los que estaba acusado en Estados Unidos: solicitud y recepción de soborno por parte de un agente de una organización que recibe fondos federales y fraude electrónico mediante servicios honestos, además de por blanqueo de capitales.

Por contra, rechazan la extradición por los otros tres: conspiración para cometer soborno relacionado con programas federales, conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos y conspiración para cometer blanqueo de capitales.

En la celebración de la vista de extradición, el exdirectivo de la ONU alegó que no cabía la entrega porque el cargo que ostentaba cuando se produjeron los hechos cuenta con inmunidad diplomática, y aseguró que la reclamación contra él era por motivos políticos, por lo que si era entregado no tendría un juicio justo e incluso temía por su vida.

El motivo, según él, fue por un libro que empezó a escribir en 2023 sobre las acciones de EE.UU. en países en conflicto como Irak, Siria o Afganistán, y al acusarle de estos hechos evitaban que pudiera publicarlo «o llevarlo a Netflix».

Relación con Donald Trump

Añadió además que el ciudadano británico con el que supuestamente cometió la presunta estafa, D.K., está vinculado a un socio del presidente Donald Trump: «Y algunos piensan que, porque yo conozco a esa gente soy partidario de Trump, pero no es verdad».

Respecto a esta alegación, la Sala cree que carece «de la mínima base objetiva», ya que «no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional».

En cuanto a que tuviera inmunidad diplomática, los magistrados apuntan que, si bien en el momento de comisión de los hechos ostentaba la condición de funcionario de la ONU, no se ha acreditado que ahora «tenga la citada condición, ni que en el caso de ostentarla, el Secretario General de Naciones Unidas haya decidido si procede la aplicación de dichas prerrogativas e inmunidades».

Otra de sus alegaciones fue que los hechos se habrían cometido en todo caso en Dinamarca, sede de la oficina de UNOPS en la que trabajó antes de su cese, por lo que, a su juicio, el Tribunal de Nueva York que pidió su detención no sería competente para investigarle.

Sin embargo la Sala sí cree que las autoridades de EE.UU. son competentes en algunos de estos hechos, como los movimientos de dinero, que ocurrieron en su territorio, «siendo por ello de aplicación el principio de la ubicuidad, conforme al cual cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputará cometido tanto en una como en otra».

Subvenciones y préstamos para distintos proyectos

Según la petición de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, Vanshelboim, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y, posteriormente, como director ejecutivo de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación de dicho organismo, recibió de un ciudadano del Reino Unido, «con quien actuaba de común acuerdo», dos millones de dólares a cambio de subvenciones y préstamos para distintos proyectos.

En tal concepto las entidades vinculadas a esa persona recibieron «cuantiosas subvenciones y préstamos que no estaban debidamente garantizados» por unos 60 millones dólares, «que dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon», tras lo que hicieron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por Vanshelboim con la finalidad de aflorarlos.

UNOPS es la agencia de Naciones Unidas de apoyo a proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras agencias, con empleados en más de 80 países y en cuyo ámbito se habrían producido los hechos por los que se le acusa, en los que aparecen implicados proyectos en países del Caribe, México, Ghana, India y Kenya por importes que superan los 60 millones de euros. EFE