Arrestan a una alcaldesa y cuatro profesionales de la medicina por presunta participación en red de registros ilegales de defunciones
El Ministerio Público solicitará medidas de coerción y declaratoria de caso complejo contra las acusadas
SANTO DOMINGO, 19 sept– En el marco de las investigaciones por una presunta red dedicada al registro ilegal de defunciones, el Ministerio Público arrestó este viernes a cinco mujeres señaladas como posibles colaboradoras del principal imputado en el caso, Máximo Mendoza, actualmente bajo prisión preventiva.
Las detenidas han sido identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez —todas con formación médica—, así como Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea del municipio Esperanza.
Las autoridades ejecutaron los arrestos bajo orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde, tras la recolección de evidencias que presuntamente las vinculan a actos de falsificación documental y suministro de datos falsos en registros de defunción.
El Ministerio Público informó que presentará cargos en las próximas horas y solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde que el caso sea declarado complejo, dada la naturaleza y el alcance de las imputaciones.
Máximo Mendoza, señalado como el cabecilla de la presunta operación, guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
De acuerdo con el expediente, habría organizado y ejecutado una estructura para declarar falsamente fallecimientos ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE), con fines presuntamente fraudulentos.
Los hechos bajo investigación se habrían producido entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Según las autoridades, el acusado habría simulado defunciones de al menos seis personas —cinco de las cuales llegaron a ser registradas tanto en Salud Pública como en la JCE— con el objetivo de perjudicarlas debido a deudas económicas.
Se alega que el imputado utilizaba la estrategia de presentarse en distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las víctimas —como primo, tío o esposo— para lograr el registro del falso fallecimiento. Los certificados eran expedidos, presuntamente, por médicos en pasantía y sin exequátur, incluyendo a las cuatro mujeres detenidas.
El Ministerio Público sostiene que varias de las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad económica que habían accedido a préstamos personales respaldados por los beneficios de programas sociales del Estado, los cuales consisten en una ayuda mensual de RD$2,100.
El principal acusado habría retenido las tarjetas de asistencia social como garantía de pago y, en caso de incumplimiento, procedía con la maniobra del registro de muerte.
La investigación es liderada por los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde. El caso cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
El Ministerio Público acusa a las personas involucradas de violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
