Atrasos y fragmentación en la reforma penal: Código Penal sigue sin consenso en el Congreso Nacional
Santo Domingo, 5 de diciembre. – La incapacidad del Congreso Nacional para aprobar un nuevo Código Penal debido a desacuerdos en temas clave, como las tres causales para la interrupción del embarazo y las sanciones contra la discriminación por orientación sexual, ha llevado al Poder Ejecutivo a presentar proyectos de ley separados que abordan delitos previamente incluidos en la fallida propuesta legislativa.
El panorama actual refleja un esfuerzo fragmentado por parte del Gobierno para legislar sobre crímenes como la corrupción, el sicariato, la estafa masiva y las compras fraudulentas, todos considerados en el frustrado Código Penal. Entre estos proyectos, destaca la Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, introducida en el Senado recientemente.
El nuevo proyecto legislativo establece penas más severas que las contempladas en el Código Penal en varios delitos de alto impacto. Por ejemplo, el sicariato, que en la propuesta del Código Penal conllevaba 30 años de prisión, recibiría hasta 50 años de cárcel bajo la nueva legislación propuesta por el Ejecutivo.
En cuanto a la corrupción, el proyecto de ley del Gobierno plantea penas de hasta 30 años de prisión, mientras que el Código Penal sugería un máximo de 20 años. Sin embargo, en otros aspectos, como el tráfico de influencias y las compras fraudulentas, ambos proyectos coinciden en penas de cinco y diez años de cárcel, respectivamente.
Uno de los avances legislativos en esta estrategia fragmentada es la aprobación de un proyecto de ley que endurece las sanciones por el tráfico ilícito de migrantes, presentado por el Ejecutivo en junio. Este proyecto incrementa las penas por tráfico de personas con agravantes hasta los 30 años de prisión, superando significativamente la sanción de cinco años establecida por la legislación de 2003.
Las circunstancias agravantes incluyen casos que involucren menores de edad, empleados públicos, o situaciones que resulten en muertes, marcando un avance en el fortalecimiento del marco penal en este ámbito.
A pesar de estos avances en leyes específicas, la parálisis del Código Penal ha generado críticas desde la oposición y algunos sectores de la sociedad. En julio, la Cámara de Diputados suspendió formalmente el proceso de aprobación del proyecto al considerar que el consenso necesario para su promulgación aún no se había alcanzado.
Legisladores opositores, como Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, han señalado que, en lugar de presentar proyectos individuales, el oficialismo debería centrarse en lograr la aprobación de un Código Penal integral que abarque todos los aspectos necesarios para una reforma estructural del sistema penal.
Por su parte, Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó como “contraproducente” la estrategia de presentar propuestas separadas, argumentando que esto satura al Congreso con iniciativas que persiguen objetivos ya contemplados en el proyecto del Código Penal.
El presidente Luis Abinader ha reconocido públicamente que la falta de consenso es el principal obstáculo para la aprobación del Código Penal. En este sentido, ha instado al Congreso a buscar un acuerdo que permita superar los puntos conflictivos, particularmente los relacionados con las tres causales y las disposiciones sobre discriminación.
Mientras tanto, la fragmentación legislativa genera dudas sobre la eficacia de las propuestas individuales para resolver los problemas del sistema de justicia penal en el país. La falta de un marco normativo integral, como el que ofrece el Código Penal, dificulta la consolidación de un sistema más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad dominicana.
