Audiencia de revisión de medida de coerción para José Ramón Peralta se pospone al 7 de noviembre
Santo Domingo, 4 noviembre – En una jornada judicial que ha mantenido la atención del país, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional anunció el viernes que la audiencia de revisión de la medida de coerción para el ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales imputados por presunta corrupción administrativa en la Operación Calamar, se llevará a cabo el próximo martes 7 de noviembre.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que se debe mantener la prisión preventiva para el imputado, argumentando que no han cambiado las circunstancias que llevaron a la imposición de esta medida.
«Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7, y el juez ponderará», enfatizó la fiscal Rosa Alba García, quien respondió a preguntas de los periodistas en la fuente judicial.
El aplazamiento de la audiencia se produjo para garantizar el debido proceso, según explicó la fiscal. Uno de los querellantes había sido citado en el día de ayer, pero no se había cumplido con el plazo legal requerido para notificar a todas las partes involucradas.
En este proceso por presunta corrupción administrativa, además de José Ramón Peralta, también están siendo investigados otros ex funcionarios, incluyendo al ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien se le imputa encabezar una red desmantelada por la Operación Calamar. Según la solicitud de medida de coerción, esta red utilizaba al menos 11 instituciones para llevar a cabo actividades ilegales, como expropiaciones irregulares de terrenos, cobros ilegales a bancas de lotería, actividades deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la adquisición de inmuebles con sobrecostos.
El proceso ha revelado que, desde diversas instituciones gubernamentales, los imputados gestionaban el pago de deudas públicas por expropiaciones irregulares de terrenos, según el Ministerio Público.
La audiencia de revisión de la medida de coerción se llevará a cabo el próximo martes, a las 11:00 de la mañana, y el Ministerio Público argumentará por qué la prisión preventiva debe mantenerse.
El equipo del Ministerio Público, encabezado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, incluye a las fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez, quienes han estado representando al Estado en este caso de presunta corrupción administrativa.
El proceso también involucra a varios otros imputados, incluyendo a Gonzalo Castillo, Ángel Lockward, Luis Miguel Piccirilo y otros, quienes enfrentarán un proceso legal que buscará esclarecer los hechos imputados.
