Auditoría revela supuestas irregularidades en pasadas gestiones en Educación; Amarente Baret reacciona y califica el informe de “adefesio”
Santo Domingo, 15 Nov – Una auditoría de la Cámara de Cuentas a las gestiones de Josefina Pimental y Carlos Amarante Baret en el ministerio de Educación entre el 2021-2016 revela la comisión de supuestas irregularidades administrativas por un monto superior a los dos mil millones de pesos, según lo divulgado en un espacio de investigación periodística de la televisión local.
En el programa “Reporte Especial” a cargo de la periodista Julissa Céspedes, que se origina en CDN 37, se informa que las irregularidades van desde violaciones a la ley de compra y contrataciones hasta no pagar sumas millonarias a la Dirección General de Impuestos Internos.
Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PRD), reaccionó este lunes al informe calificándolo de “adefesio jurídico hecho de mala fe” y reveló que los resultados de esa auditoría de la Cámara de Cuentas han sido recurridos ante el Tribunal Superior Administrativo.
En el informe se destaca que solamente en procesos de compras irregulares se gastaron cientos de millones de pesos, dentro de los que destacan alrededor de RD$182 millones en construcción de obras para las que no tenían el terreno; adquisición de bienes valorados exceso de RD$197 millones sin respetar los pasos establecidos.
También las compras declaradas como “urgentes” que no cumplían con este criterio (RD$85,493,397); contratos con personas o compañías que no podían ser referentes en licitaciones (RD$18,151,806); obras que presentan diferencias entre lo pagado y lo ejecutado (RD$44,912,185).
En el caso de la DGII, Céspedes informó que entre el 2012 y 2013, que comprende el final de la gestión de Josefina Pimentel y el inicio de la administración de Carlos Amarante Baret, el Minerd no le pagó al mencionado organismo más de 431.3 millones de pesos.
De igual forma RD$515,911,797 fueron pagados a docentes que supuestamente laboraban en los horarios escolares establecidos, pero que también figuraban como empleados en otras instituciones del Estado.
Asimismo, Céspedes indicó que unos 133 millones de pesos fueron pagados a miembros del personal administrativo que similarmente laboraban en otras entidades públicas.
El reportaje de Céspedes se transmitió el mismo día en que el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que recibió el informe sobre las denuncias de los suplidores del almuerzo escolar en contra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), admitiendo “fallas importantes” en el funcionamiento de esa entidad.
“Esa comisión ha identificado fallas importantes en la institución que requieren de cambios significativos en la gerencia y reorganización de procesos tanto internos como relacionados con los suplidores”, escribió Fulcar en su cuenta en la red social Twitter.
Reacción de Amarante Baret
El exministro de Educación, Amarente Baret, dijo este lunes que el informe de auditoría publicado por la Cámara de Cuentas fue recurrido por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Justificó esta acción al indicar en un comunicado que el referido documento es “un adefesio jurídico hecho con mala fe y mediante el cual algunos miembros de la Cámara anterior procuraban congraciarse con el nuevo gobierno para ver si podían permanecer cuatro años más en dicha institución”.
Asimismo, desestimó los hallazgos de la auditoria son risibles y aseguró que estos no ameritaban ser enviados a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Si leen con detenimiento los hallazgos, verán el ridículo que hizo el pleno de la Cámara de Cuentas por buscarle el lado al nuevo gobierno, en un momento donde el presidente Luis Abinader le pedía públicamente su renuncia y donde poco tiempo después, fueron sometidos a una investigación por la Procuraduría General por faltas graves en sus funciones”, aseveró el exfuncionario.
Refiriéndose de manera específica a las acusaciones que elevaron en contra de su gestión, indicó que, sobre el tema de la retención de impuestos a proveedores, es una debilidad que también carecían otras administraciones.
En cuanto a la diferencia en el cálculo de retenciones del impuesto sobre la renta a asalariados, afirmó que estos se hacían por deficiencias del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que manejaba el Ministerio de Administración Pública (MAP), por lo que en su opinión es una falta no imputable al Ministerio de Educación (Minerd).
Sobre los dobles nombramientos de docentes, explicó que fue en 2016 (luego de su gestión) cuando la Contraloría estableció el sistema que bloquea esta irregularidad, mientras que para el personal administrativo pasó lo mismo con el SASP.
En tanto, con respecto al alquiler de unas naves industriales para depósitos, dijo que al tiempo de su nombramiento “no tenía tiempo para hacer una licitación”, por lo que continuó con el método dispuesto por la anterior gestión, encabezada por Josefina Pimentel.
Igualmente, afirmó que a la Cámara de Cuentas ya se le había informado el caso de los pagos de avances a construcciones de obras sin solares.
“Se le explicó a la Cámara que los avances relativos a los sorteos 1 y 2, realizados en el año 2012, fueron entregados de manera directa a los contratistas por la Tesorería Nacional en acto público en la Presidencia, con anterioridad a nuestro ingreso al Minerd no habiendo ninguna falta”, leía parte del comunicado.
De manera similar, Amarante Baret aseguró que la anterior Cámara de Cuentas violó sus normas internas de auditoría, indicando que sus técnicos no se hicieron acompañar de los supervisores de las instituciones constructoras que eran las que cubicaban, pues el Educación solo “pagaba y fiscalizaba el pago final”.
