Aumentan los costos de viviendas en República Dominicana después de la pandemia del COVID-19
Santo Domingo, 5 de octubre – Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), informó que después de la pandemia del COVID-19, el costo de las viviendas en República Dominicana ha aumentado en un rango del 35 al 40 por ciento, según estudios de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Meléndez señaló que los factores principales que han contribuido a este aumento son los precios del acero y el cemento, que representan el 40 por ciento de los materiales utilizados en la construcción de viviendas. El restante 60 por ciento de los gastos se distribuye en mano de obra y materiales de terminación, entre otros.
Los precios del acero y el cemento han experimentado un incremento del 40 al 60 por ciento, dependiendo del tipo de construcción. Otros insumos como la pintura y la madera también han aumentado en un rango del 30 al 50 por ciento.
Sin embargo, Meléndez sugirió que existe una tendencia a la baja en estos precios, y se espera que las condiciones mejoren hacia fines de año.
La presidenta de Acoprovi también aclaró un malentendido común: «No es cierto que los haitianos sean la mayoría en la construcción». Explicó que la construcción tiene dos etapas: la primera es la fase inicial (etapa gris), donde se utiliza principalmente mano de obra haitiana, y la segunda es la fase de terminación, donde participan trabajadores dominicanos.
Meléndez enfatizó que el uso de mano de obra haitiana no afecta los costos, ya que el sector tiene salarios mínimos sectorizados, lo que significa que los trabajadores reciben un salario específico sin importar su origen, edad o género.
Para abordar la necesidad de mano de obra más especializada en el sector de la construcción, Acoprovi está trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para establecer una Escuela Nacional de Formación de Técnicos de la Construcción. Esta iniciativa busca capacitar y tecnificar a los trabajadores, ya que la escasez de mano de obra especializada es un desafío actual.
En cuanto a las regulaciones laborales, Meléndez afirmó que los miembros de Acoprovi cumplen con la ley que establece que al menos el 80 por ciento de los trabajadores de una empresa debe ser de nacionalidad dominicana, según el Código de Trabajo. El 20 por ciento restante puede ser extranjero.
Sobre el cierre de la frontera con Haití, la presidenta de Acoprovi indicó que esta medida no ha tenido un impacto significativo en el sector de la construcción. Según Meléndez, República Dominicana ya cuenta con la mano de obra extranjera que necesita y no ha habido evidencia de que el cierre de la frontera haya afectado positiva o negativamente a las obras de construcción.
El sector de la construcción en República Dominicana genera alrededor de 400,000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, muchos de estos trabajadores no están formalizados y carecen de seguridad social.
Los directivos de Acoprovi también abordaron la importancia de aprobar un proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios que se encuentra en el Congreso Nacional. La iniciativa busca garantizar los derechos tanto de propietarios como de inquilinos y ha sido objeto de debate durante varios años.
