Aumento de multas de tránsito en República Dominicana: Un debate en crecimiento

Santo Domingo, 19 marzo . – Hasta el 16 de marzo del presente año, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) impusieron un total de 470,399 infracciones a conductores que violaron la ley de tránsito en República Dominicana.

Esta cifra refleja un incremento significativo en comparación con el mismo período del año anterior. En los meses de enero y febrero, según datos oficiales publicados en la página web de la Digesett, se contabilizaron 382,164 sanciones, lo que muestra una tendencia al alza en la imposición de multas a los ciudadanos que incumplen las normativas viales.

Un gráfico del Banco de Reservas detalla que el pago de estas multas oscila entre RD$1,000.00 y RD$1,667.00, dependiendo de la infracción cometida. Algunas de las infracciones más costosas incluyen no usar el cinturón de seguridad, violar la luz roja, utilizar el celular mientras se conduce y llevar menores de edad en el asiento delantero, todas con un costo de RD$1,667.00.

Mientras tanto, las multas por reincidencia en infracciones anteriores tienen un costo de RD$530.00 o RD$884.00, y todas las demás infracciones generales se sancionan con RD$1,000.00, de acuerdo con la información publicada por el Banco de Reservas.

Durante los meses de enero y febrero, las infracciones más comunes incluyeron el irrespeto a las señales del semáforo (23,800 multas), la obstrucción del tránsito (11,776), transitar sin matrícula (16,013), sin placa (5,084) o sin marbete (2,836), así como el uso de placas no previstas en la ley (321) o vencidas (246,000).

Además, se registraron 809 sanciones por incumplimiento de requisitos de equipamiento, 38,668 por conducir sin licencia o con licencia vencida y 37,129,000 por transitar sin seguro o con seguro vencido.

Otras infracciones recurrentes fueron el uso del celular o dispositivos electrónicos mientras se conduce (7,938 casos), no utilizar el cinturón de seguridad (17,476), no portar casco protector (115,555) y transitar sin luces (12,565). Si todas las personas sancionadas pagaron las infracciones impuestas, el Gobierno habría recaudado un total de RD$312,443,338 solo en concepto de multas de tránsito durante estos meses.

La Ley 63-17 sobre Tránsito, Transporte y Seguridad Vial establece que el 75% de los ingresos obtenidos por el cobro de estas sanciones debe ser dirigido a la Procuraduría General de la República, mientras que el 25% restante corresponde al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Sin embargo, a pesar del elevado número de infracciones impuestas y el incremento en las sanciones, el castigo económico no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito ni mejorar las condiciones del transporte en el país.

En comparación con el mismo período del año pasado, las multas de tránsito han aumentado un 35%, reflejando un endurecimiento en la fiscalización del cumplimiento de la ley.

Durante un encuentro en el periódico Listín Diario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el Gobierno está considerando hacer obligatorio el pago de las multas como una forma de garantizar un régimen de consecuencias ante el desorden vehicular.

Raful señaló que se está trabajando en una reforma a la ley de tránsito para establecer la obligatoriedad del pago de las multas, ya que, según sus declaraciones, la falta de sanciones efectivas fomenta la evasión de responsabilidades por parte de los conductores infractores.

Mientras el Ejecutivo evalúa esta medida, en el Congreso Nacional se discute un proyecto de ley presentado por el diputado Tobías Crespo, el cual busca aumentar los montos de las multas y modificar la distribución de los ingresos generados por estas sanciones.

Según el artículo 1 de este proyecto, los montos de las multas de tránsito serían ajustados en base a un porcentaje del salario mínimo del sector público centralizado, reduciendo las sanciones a un 75% de los valores actuales establecidos en la Ley 63-17.

Asimismo, la propuesta legislativa modifica la distribución de los ingresos provenientes del cobro de multas, asignando un 30% a los municipios donde se cometieron las infracciones, un 25% a la Procuraduría General de la República, un 25% al Intrant y un 20% a la Digesett.

Para las multas impuestas fuera del ámbito municipal, la redistribución de los fondos se haría de la siguiente manera: 35% para la Procuraduría General, 35% para el Intrant y 30% para la Digesett.

Diputado Tobías Crespo

Este debate sobre el sistema de multas de tránsito en República Dominicana ha generado controversia en el ámbito político. Mientras la ministra Raful aboga por reformar la ley para eliminar la extinción anual de las sanciones, el diputado Tobías Crespo sostiene que esta propuesta tiene un trasfondo puramente recaudatorio.

En una entrevista en el programa «En La Mañana» de Teleimpacto, Crespo afirmó que el sistema de multas está regulado por el Código Penal y no por la Ley de Tránsito, por lo que la ministra Raful no tendría competencia sobre este asunto.

Además, recordó que la ley vigente ya establece mecanismos para garantizar el pago de multas, ya que los conductores no pueden renovar su licencia sin antes saldar sus infracciones pendientes.

Otro aspecto señalado por el diputado es la presunta ilegalidad con la que el Intrant otorga licencias de conducir a personas mayores de 65 años con una vigencia de solo dos años. Crespo recordó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida, pero el Intrant la mantiene vigente, lo que, según su criterio, solo busca aumentar la emisión de carnés de licencia y generar más ingresos por este concepto.