Aún sin definición juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas

Santo Domingo, 4 julio .- Continúan los enfrentamientos entre legisladores de la oposición y del oficialismo ante la posibilidad de que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, sean sometidos a un juicio político por la recomendación que hiciera la comisión especial que investigó la situación interna de la entidad auditora.

El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, denunció este lunes que desde el Gobierno se ha instaurado una campaña de descrédito contra Elsa Catano, Tomasina Tolentino y Elsa Peña, quienes forman parte del pleno de la Cámara de Cuentas, esto con el propósito de evitar que las ejecutorias de la actual administración sean auditadas.

En ese orden, Lorenzo pidió a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, intervenir para detener las «hostilidades» de las que están padeciendo las mujeres miembros de la Cámara de Cuentas.

«Llamo la atención de la ministra de la Mujer que vaya en auxilio porque hay una campaña despiadada, desconsiderada en contra de las miembros de la Cámara de Cuentas. Reitero el Gobierno no quiere que lo auditen», manifestó el representante de la provincia Elías Piña.

Iván Lorenzo, agregó que el temor que tiene el Gobierno es que las 18 auditorías que realizó la Contraloría General de la República sean analizas por la Cámara de Cuentas.

«Ellos quieren instalar una nueva Cámara de Cuentas que llegue hasta el 27 porque temen que cuando salgan del Gobierno ahora en el 2024, una nueva Cámara de Cuentas pueda sacar a la luz el desorden que hay en la administración de Luis Abinader», añadió el senador.

Asimismo también acusó a Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión especial y otros legisladores de ser quienes han montado la campaña de descrédito en las redes sociales a las titulares de la entidad fiscalizadora.

Estás acusaciones fueron negadas de manera categórica por Genao, quien reiteró que la recomendación a juicio político contra el pleno del órgano fiscalizador no se hizo de forma deliberada, sino en base a las más de 13 mil evidencias que fueron aportadas a la comisión investigadora por los mismos miembros de la Cámara de Cuentas.

Dijo además, que la acusación de Iván Lorenzo, es un acto de irresponsabilidad ya que la comisión especial trabajó con claridad y que la decisión tomada por la mayoría de los diputados que integran la comitiva la pueden defender en cualquier escenario e instó al senador acudir ante la justicia para que de manera responsable haga la denuncia.

«Nosotros como comisión hemos actuado con transparencia y todo lo que él informe contenga está sustentado en actas, votos, correos electrónicos, audiovisuales, testimonios de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que hay que esperar finalmente el informe», recalcó el diputado.

Rogelio Alfonso Genao, agregó que ya el informe está en la etapa de revisión en el departamento de revisiones y que podría ser presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados está misma semana y que la sociedad podrá edificarse del contenido del mismo.

«Hay mucha especulación al respecto, pero no hemos actuado en ningún lugar desde la sombra», apuntó.

De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, manifestó su respaldo al trabajo realizado por la comisión especial, que apoyándose en las pruebas debidamente documentadas recomendó el inicio de un juicio político contra el pleno del órgano auditor.

Sobre las declaraciones que hicieran a través de un medio de comunicación Tomasina Tolentino, integrante de la Cámara de Cuentas, Aracena dijo «si la comisión entiende que se cometieron faltas y dicho sea de paso su propio pronunciamiento denota lo que debe ser el comportamiento de una persona que sabe que está en un proceso de investigación y que se destapa con esto, yo creo que son muy desatinadas, creo que eso no le favorece para nada ni a ella ni al organismo que representa».

Mientras que por otro lado, el diputado peledeísta y miembro de la comisión especial, Gustavo Sánchez, insiste en que por unas simples «chismecitos» entre los titulares del pleno fiscalizador de los recursos del Estado, estos sean inhabilitados por 10 años para optar por cargos públicos.

Agregó que será en el hemiciclo que es la casa de la democracia donde cada uno de los diputados presentarán sus propuestas y argumentos sobre cuál sería la decisión final que se tomaría con los titulares de la Cámara de Cuentas.