Bien por medidas coyunturales, pero faltan las migratorias
Ramón Núñez Ramírez
Las medidas anunciadas a raíz de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad son las correctas y se inscriben en la respuesta de un Estado soberano a la violación del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado entre los Gobiernos de Haití y la República Dominicana en enero de 1929, donde se definieron los límites fronterizos y se prohibían obras en los ríos transnacionales que afecten la provisión de agua o electricidad al otro país.
Las medidas son coyunturales, por el tema del canal de desvío de las aguas del río Dajabón, lo que no es coyuntural y fue simplemente una especie de “sacar pecho” cuando el Presidente anunció la conclusión de los estudios para la presa de Don Miguel, en el río Dajabón, y la del río Artibonito, y cualquier obra de esa envergadura debe ser binacional o la RD estaría violando el tratado mencionado.
Al margen de que el conflicto se agudice queda pendiente las medidas de fondo para aplicar la Ley de Migración con la finalidad de reducir a lo mínimo posible el ingreso de indocumentados y deportar del país la mayor cantidad hasta llegar al número óptimo de trabajadores que requiere esta economía para no afectar más al mercado laboral por el exceso de oferta.
Ningún país puede recibir una masa de indocumentados que significa importar miseria, una etnia diferente, analfabetismo, enfermedades, hasta criminalidad sin que con ello queramos generalizar, pero la RD no puede permitir que continúe una situación en la cual colapsen los sistemas de salud y de educación, insuficientes y precarios para los dominicanos, mientras los indocumentados ocupan las camas de los hospitales, los pupitres de las escuelas y el desplazamiento de la mano de obra local de actividades formales e informales.
Si el presidente Luis Abinader quiere desde ya ocupar un lugar en la historia, puede hacer valer su condición de jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y exigir a sus subalternos que enfrenten el peaje, apresen y sometan a la Justicia a los traficantes, multipliquen los puestos de control en las vías adyacentes a la frontera y los inspectores de Migración sean vigilados para que no atrapen y posteriormente cobren para bajarlos de la “camiona”.
Es necesario que los empresarios contratantes de mano de obra ilegal se les haga cumplir la Ley de Migración, cueste lo que cueste y haya que enfrentar los intereses que sean necesarios.
De continuar este estado de cosas, antes de una década los haitianos y descendientes serán la mayoría de la población y en ese momento se habrá consumado la fusión, la posibilidad del país dar el salto al desarrollo será castrado porque el desorden, la alteración de la convivencia entre dos etnias diferentes y la violencia trasplantada desde Haití afectarán las actividades generadoras de divisas.
La cuestión local se complica cuando se conoce el Comunicado del 2021, firmado entre Haití y RD, donde el canciller reconoce que la obra no afectará el cauce del río por las informaciones recibidas. Muy grave, coloca en posición difícil al Presidente, pues no puede retroceder y la oposición lo culpa de usar el tema con fines electorales.
Al margen de esas consideraciones el presidente Abinader tiene la oportunidad de aplicar la ley y con ello aminorar el impacto en RD de la inviabilidad del estado haitiano.
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