Burocracia cero
Juan Guiliani Cury
El anuncio del presidente de la República Luis Abinader, de que a partir del mes de septiembre de este año se impondrán en todas las instituciones del Estado la burocracia cero, es una atinada disposición. Este anuncio del jefe del Estado reviste mucha importancia para la nación ya que simplificaría el trámite administrativo para beneficio de la gente, que en la mayoría de los casos pasan la de Cain, en las visitas a esas oficinas. Abinader, quien acudió a el lanzamiento de la plataforma 2.0 de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo dijo lo siguientes conceptos y citamos: “para nadie es un secreto que la era digital ha llegado a nuestras vidas para contribuir de manera decisiva en la transformación del mundo que conocíamos, de la industria y la producción nacional”. Agregaba también el presidente Abinader en sus declaraciones, que la era digital brinda una oportunidad para fortalecer el comercio, los negocios y la interrelación que hace posible el crecimiento económico de los países, y que sus beneficios sean redistributivos y justos para los inversores y el sector empresarial. Precisamente, en días pasado me tocó ver por televisión un acto encabezado por el presidente de la República, donde se lanzaba la iniciativa de los “veedores académicos” en uno de los salones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) mecanismo que busca fortalecer la transparencia de los concursos públicos. Muchos entendidos opinan que algunos concursos que organizan entidades del Estado dominicano carecen de procedimientos transparentes, como también, existe una alta discrecionalidad. Y estos concursos de manera irónica llevan la santificación de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas, que, en opinión de expertos, es un sofisticado instrumento legal revestido de complicados artilugios y manejos discrecionales difíciles de detectar. Para santificar la adjudicación privilegiada de esos concursos unos llamados de “urgencia” o no, publicados a último momento en los llamados a licitaciones nacionales e internacionales, la discrecionalidad de los jueces juega un papel primordial. Ojalá el modelo de veeduría que se puso en marcha – aunque aún estaría a prueba – en ese acto del INTEC y trasmitido por televisión y redes sociales, sirva al menos para frenar o sino eliminar las distorsiones de la Ley 340-06. La iniciativa presidencial debe ser respaldada por las instituciones públicas y privadas, y donde éstas últimas, las privadas, no escapan también los malabares que se tejen entre ellos para privilegiar a compañías y personas, aunque dichas adjudicaciones vayan contra sus propios intereses comerciales. En hora buena, el anuncio del Gobierno de iniciar el camino hacia la burocracia cero para que nuestros ciudadanos todos y sin excepciones, no sigan sufriendo los malabáricos vericuetos burocráticos a que son habitué en muchas, pero no en todas, porque hay honrosas excepciones, en entidades públicas y privadas, de querer ponérsela en China a la gente por cualquier quítame esa paja.
Publicado en Listín Diario
