Cámara de Cuentas, en camino a un juicio político
La ingobernabilidad a lo interno del órgano elegido en 2021 ha generado varios escándalos en la opinión pública
Santo Domingo, 4 mayo – Ante el nuevo escándalo que envuelve a la Cámara de Cuentas tras las declaraciones del presidente, Janel Ramírez, de que se siente como un “preso de confianza” porque supuestamente el pleno le induce a tomar decisiones que violan la ley, son cada vez más las voces que se levantan para pedir un juicio político a los integrantes del órgano, escogidos por cuatro años en abril de 2021.
Sin embargo, en el Congreso el tema no ha encontrado consenso entre los legisladores para proceder a enjuiciar a los miembros del órgano.
El tema fue abordado por el presidente Luis Abinader con palabras sugerentes. “Es un tema preocupante, es un poder independiente y el Senado también tiene unas ideas sobre esto”, manifestó cuestionado sobre el tema. Además de Ramírez integran la Cámara de Cuentas, Mario Fernández, Elsa Peña, Elsa Catano y Tomasina Tolentino.
A pesar de que el conflicto de ingobernabilidad que afecta el funcionamiento de la Cámara de Cuentas no fue abordado ayer en la sesión de la Cámara de Diputados y en la que efectuó el Senado, porque los legisladores de ambos órganos no lograron consenso.
Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña) sometió una resolución para que el pleno del Senado invite a los directivos del órgano que fiscaliza los recursos públicos, para explicar las situaciones “de irregularidades”, pero fue rechazada por 15 votos en contra y siete a favor de los 22 que votaron en la sesión.
De su lado, Dionis Sánchez (FP-Pedernales) pidió que se modifique la resolución del senador de Elías Piña, para que se invite a los cinco miembros del pleno de la “Cámara de cuentos” a una reunión con la Comisión Permanente de Justicia hoy jueves.
Al abordar su turno previo, la senadora Faride Raful (PRM-Distrito Nacional) pidió que se haga un juicio político a los cinco directivos del órgano de control interno y externo de los fondos públicos del Estado. “Yo no quiero entrevista, yo quiero consecuencias”, manifestó, tras ponderar que la oposición no quiere que se conozcan 11 informes de auditorías pendientes.
Más temprano, la senadora perremeísta Ginette Bournigal (Puerto Plata) expresó que el Pleno completo de la CCRD debe renunciar.
Aunque en la sesión de ayer la Cámara de Diputados no abordó el tema, el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, Rogelio Alfonzo Genao, dijo que se debe investigar la situación, escuchar la historia completa, y no un fragmento.
“No nos podemos llevar de un fragmento, hay que escuchar, ver la versión, escuchar su opinión y ver lo que dicen los demás miembros”, indicó.
Reconoció que las denuncias deben investigarse y que la Cámara Diputados no puede hacer caso omiso a tales declaraciones y “debe” tomar acción, sin embargo, cuando se le preguntó si la Comisión no hará nada al respecto, resaltó que “las comisiones no proponen; se le apoderan”. Genao Lanza esperará si algún legislador toma alguna iniciativa en ese sentido y el pleno de diputados apodera a los comisionados con la tarea.
Expresidentes de la Cámara de Diputados también dieron sus recomendaciones sobre el conflicto interno de la Cámara de Cuentas. En ese sentido se expresaron Rubén Maldonado (FP) y Rafael -Lila-Alburquerque (PRSC).
Maldonado dijo que Janel Ramírez no es apto no solo para presidir la Cámara de Cuentas, sino ningún otro organismo del país, porque a su entender “tiene actitudes, inclusive, hasta de anormal”.
Denunció: “Ese señor no está capacitado para jugar esa función, y lo dijimos desde el primer día, pero el Gobierno lo impuso”. Argumentó que el máximo representante de la CCRD es un presidente del Gobierno y “un engendro del Gobierno”.
Entidades piden acción Congreso
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se unieron a las voces que exigen al Congreso Nacional una acción inmediata ante el conflicto interno que envuelve al pleno de la Cámara de Cuentas.
Adocco depositó ayer un documento en la Cámara de Diputados en el que solicita que el órgano legislativo inicie las investigaciones de lugar y apodere al Senado para que apertura un juicio político a los cinco miembros titulares de la CCRD, “por incursión en faltas graves” en el ejercicio de sus funciones.
La Finjus abogó por que el órgano parlamentario invite “de manera inmediata” al bufete directivo de la entidad, a fin de indagar y verificar las denuncias de su presidente y escuchar a los demás miembros.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, explicó que ninguno tiene la calidad de decir si son débiles o no esas auditorías, sino que al Ministerio Público es al que le corresponde evaluarlas. “Pero ese no es el tema, el tema es que hay un problema de ingobernabilidad en un órgano constitucional”, manifestó.
Castaños Guzmán reconoció que el caso de la Cámara de Cuentas es una situación preocupante, porque, según subrayó, al fin de cuentas se trata de una entidad que es el brazo armado del Congreso de la República. Ponderó que el órgano rector del sistema nacional de control, es la CCRD; y el órgano de control del Estado, es el Congreso Nacional.
“Es decir, quien fiscaliza las finanzas públicas, los fondos públicos, de la administración pública, es la Cámara de Cuentas. Por eso ustedes ven que la CCRD a quien le rinde sus informes es al Congreso de la República”, comentó.
Procedimiento legal para un juicio político a CC
Los artículos 80 y 83 de la Constitución establecen el procedimiento para someter a juicio político a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Conforme al artículo 80, la Cámara de Diputados debe acusar ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, los escogidos por el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura. “La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del presidente y el vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento de la acusación”.
Fuente El Caribe
