Cámara de Cuentas realiza tres auditorías al Senasa en medio de dificultades de documentación
SANTO DOMINGO, 2 Diciembre.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó que actualmente lleva a cabo tres auditorías al Seguro Nacional de Salud (Senasa), en medio de obstáculos relacionados con la obtención de documentación clave.
Según explicaron los miembros del Pleno, las investigaciones buscan examinar de manera íntegra la gestión del seguro estatal, dada la magnitud de los recursos públicos que administra y el carácter subsidiado de una parte de sus operaciones.
Una primera auditoría, correspondiente a un período anterior, ya fue publicada. En la actualidad, se ejecuta una segunda auditoría financiera y una investigación especial de tipo forense, esta última solicitada por el Ministerio Público, que abarca todas las contrataciones realizadas por Senasa. «En los próximos días daremos respuesta», afirmaron los funcionarios del órgano fiscalizador.
Para agilizar la auditoría forense, el Pleno constituyó una comisión especial encabezada por Francisco Tamárez, e integrada por Ramón Méndez y Francisco Franco, que trabaja en la superación de los obstáculos encontrados durante el proceso.
«Nos hemos encontrado con inconvenientes en el camino, como la falta de documentación. Sin embargo, seguimos trabajando para entregar los resultados que la sociedad espera», expresó uno de los miembros. Añadió que, pese a las dificultades, los trabajos avanzan con miras a concluir a la mayor brevedad posible.
Los comisionados reiteraron que no ha habido descuido por parte de la Cámara de Cuentas en el caso Senasa. «Hay una auditoría financiera ya realizada, otra en curso y una auditoría forense. Son tres las auditorías. No ha habido descuido de parte de la Cámara», enfatizaron.
Subrayaron que el proceso se desarrollará «con rigor técnico y respetando el debido proceso», y que los resultados se divulgarán tan pronto las auditorías concluyan todas sus fases.
Auditorías enfocadas en la actual gestión
Durante la presentación de su informe institucional correspondiente al período abril–noviembre de 2025, el Pleno informó que la mayoría de las nuevas auditorías se centran en el actual gobierno. Además, aseguraron que los procesos no se seleccionan por afinidad política, sino en función de un plan anual establecido.
«No tenemos auditorías preferidas, ni actuamos con selectividad. Cada caso sigue su debido proceso, sin importar a quién afecte», declaró el director de Auditorías, Fabio Roa.
Indicó que el nuevo plan de auditoría para 2026 contempla 41 auditorías, de las cuales el 85 % corresponde al período 2020 en adelante, es decir, a la actual administración. «Es un plan que debe ser aprobado y ejecutado con rigurosidad», puntualizó.
Además, Roa explicó que se han incorporado investigaciones especiales solicitadas por el Ministerio Público, entre ellas las realizadas al Inaipi, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Fiscalía del Distrito Nacional, al Ministerio de Hacienda y al Ayuntamiento de La Guáyiga.
De las 66 auditorías publicadas por el Pleno hasta la fecha, solo dos no arrojaron irregularidades, aunque estas ya han sido concluidas. Lo que resta por determinar es si presentan indicios penales, añadió.
Reestructuración institucional y modernización
El presidente del órgano, Janel Andrés Polanco Melo, defendió el ritmo de trabajo y la complejidad técnica de los procesos. «Una auditoría implica más de 25 procedimientos internos y requiere personal altamente especializado», dijo.
Al llegar a la institución, fue necesario realizar un concurso público para reclutar nuevos auditores. De los 130 postulantes, fueron seleccionados 82, aunque el objetivo inicial era contratar 100 profesionales.
La presidenta del Pleno agregó que, al asumir la gestión, encontraron 249 auditorías sin concluir heredadas de la administración anterior. Según la Ley 18-24, estaban obligados a completarlas y publicarlas.
«Empezamos con lo que encontramos», señaló, citando como ejemplo una auditoría aún en curso sobre el proyecto de la presa de Monte Grande, que demanda personal con conocimientos especializados en ingeniería hidráulica.
El informe detalla además la apertura de una oficina regional en Santiago de los Caballeros, la implementación de la firma electrónica cualificada, la digitalización de procesos y el uso de códigos QR en los informes.
Único órgano con autoridad para auditar fondos públicos
El Pleno reiteró que la Cámara de Cuentas es el único órgano con facultad constitucional para realizar auditorías externas sobre el uso de fondos públicos. Recordaron que la Contraloría General de la República solo tiene competencia para efectuar auditorías internas, las cuales pueden servir como insumo para el plan anual de auditorías, pero no sustituyen la labor de la Cámara.
«Las únicas auditorías con valor probatorio son las que emite este órgano superior de control», enfatizaron, citando una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda esa postura.
